Los diputados Patricia Silva Celis y Mauricio Ramírez Konishi atendieron a un grupo de productores ladrilleros de Santa María del Río, quienes denunciaron la problemática que enfrentan con las autoridades municipales de ese municipio, quienes los hostigan y les exigen cuotas ilegales para dejarlos trabajar y circular con sus vehículos.
La legisladora Silva Celis dijo que son cerca de 100 personas que se dedican desde hace más de 30 años a la producción y venta de ladrillo en Santa María del Río, incluso cuentan con un espacio para vender sus productos, y que a últimas fechas enfrentan el hostigamiento del presidente municipal y del director de seguridad pública municipal, quienes les impiden circular con sus unidades.
“Las personas que están aquí representan a un grupo mayor de esta zona del estado y lo que me refieren es que el hostigamiento constante por parte de la presidencia y de la policía municipal de Santa María del Río, ellos no están trabajando en la vía publica, tienen un espacio rentado para poder vender su producto y resulta que no les permiten circular, es una violación al derecho que tenemos todos los mexicanos al libre tránsito, no les permiten circular por las calles y les quieren cobrar 3 mil 700 pesos mensuales por circular, eso no es posible eso no está estipulado y es una arbitrariedad, es absurdo”.
Además, los quejosos denunciaron que también dos personas de su grupo fueron detenidos en la cárcel ilegalmente durante dos horas y les cobraron a uno 25 mil pesos y a otro 40 mil pesos por dejarlos salir, presuntamente por irregularidades en sus vehículos.
“Son situaciones de abuso de autoridad, evidentemente, son situaciones de hostigamiento, son situaciones de una falta total de ética en el ejercicio público de las funciones; ya hablamos también con el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi representante de esta zona, y estamos buscando establecer contacto con el presidente municipal, para que respondan de manera clara y concreta”.
La legisladora indicó que se continuará con la mediación ante las autoridades municipales, y también los inconformes solicitarán el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante lo que señalan es una grave violación a sus derechos humanos.