En el 2012, la alta sociedad potosina se congratuló cuando uno de los suyos, Alejandro Fernández Montiel, recibió la presea Plan de San Luis que le otorgó el Congreso del Estado por su labor altruista al frente de la Fundación Ezequiel Romo que sostiene una escuela para ciegos y débiles visuales.
En la página web de esa fundación se menciona que “esta institución se fundó el 3 de Octubre de 1997, bajo la iniciativa del Lic. Alejandro Fernández Montiel quien contaba con sólo 17 años de edad, debido a una promesa que le hizo a un niño ciego de 7 años de crear una escuela donde pudiera estudiar y jugar como cualquier niño”.
Al inicio del gobierno de Juan Manuel Carreras, fue designado en el DIF estatal como procurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social, de hecho se encargó de la entrega-recepción de la dependencia, era uno de los brazos derechos de la presidenta Lorena Valle Rodríguez, junto con la directora Cecilia González.
Desde la semana pasada Fernández Montiel fue encarcelado en La Pila acusado de la violación de un menor de edad, al cual sacaba del albergue Rafael Nieto sin ninguna restricción cuando no tiene facultades para hacerlo pero le era permitido por el DIF como si fuera algo normal y… legal.
En la audiencia de vinculación de proceso realizada este martes, se dio a conocer que enfrenta dos nuevas órdenes de aprehensión y podrían ser cinco las denuncias que se presentarían en su contra, por lo que se estaría frente al caso de un presunto violador serial, similar al padre Córdova que hasta la fecha sigue fugado.
Varios juristas señalaron las implicaciones que podrían derivar del proceso, como sería la posible responsabilidad de otros funcionarios del DIF estatal que permitían a Fernández Montiel sacar a menores del albergue Rafael Nieto cuando no tenía ningún derecho para ello; y refutaron la postura del gobernador Carreras que aseguró que el caso estaba en el “ámbito privado”, cuando es un asunto público con presuntas responsabilidades en diversos grados por acción u omisión.
Fuentes del DIF estatal señalaron que Fernández Montiel recibió el “pitazo” desde las más altas esferas del poder estatal para que se fugara y así evitar un mayor escándalo y el involucramiento de otros funcionarios estatales, pero confiado en su buen nombre, relaciones políticas y familiares, no creyó que se atreverían a detenerlo.
Ante su negativa a fugarse, el operativo de la policía investigadora de la Fiscalía General del Estado se puso en marcha como máxima prioridad, la persecución inició en el barrio de Tequis y concluyó en el estacionamiento del Club Deportivo Potosino, cuya directiva alega allanamiento de propiedad privada y por lo tanto la detención fue ilegal, para así lograr su libertad.
Familiares y amistades creen en su inocencia y desde el pasado 26 de octubre realizan jornadas de oración en el Patio de la Esperanza, en la colonia Burócratas del Estado.
