Por la posibilidad de que el “superdelegado” Gabino Morales Mendoza sea removido por las acusaciones de irregularidades en su desempeño, entre las corrientes de Morena se comienza a mencionar a diversas personas para ocupar ese cargo, comparado de manera exagerada con el de “virrey” por los detractores de López Obrador.
Uno de los que sale a relucir es Federico Anaya-Gallardo, abogado, doctorado por una universidad norteamericana, asesor zapatista, cercano del fallecido obispo Samuel Ruiz y representante legal de la Universidad de la Ciudad de México en el rectorado de Enrique Dussel (el gurú de la 4T) y coordinador de la consultoría jurídica legislativa del Senado hasta antes del “monrealazo”.
Fue el brazo derecho de Magdalena González Vega en la presidencia de la CEDH, artículista de La Jornada San Luis; por lo que ha tenido residencia en la ciudad y entiende los vericuetos de la llamada “potosinidad”, tejió muchas amistades y hasta pensó echar raíces aquí, pero la llegada de José Ángel Morán Portales, le cambió sus planes.
El rol principal que tuvo con González Vega despertó recelo en el equipo entrante y lo tildaron de “diablo chilango”, no sabemos si por su amplio conocimiento jurídico o por su formación con los jesuitas. Se fue de vuelta a la Ciudad de México y le fue mejor.
Figuras del morenismo local lo están promoviendo para que regrese a San Luis Potosí a ocupar la silla de Gabino Morales en la Secretaría del Bienestar. Ponderan su capacidad y honestidad, sería una opción externa para tratar de erradicar las prácticas prianistas de rapacidad y no ser fuente de conflictos y disputas entre la militancia.
Como abogado de la UCM, le tocó enfrentar al doctor José Enrique González Ruiz en un caso laboral, y tiene lazos con los Nava Calvillo, no necesariamente con el exgobernador Horacio Sánchez.
A nivel nacional le sobran las relaciones y contactos, si quisiera no sería difícil que fuera nombrado delegado en la entidad. Puede tener otras aspiraciones más grandes, si caen varios delegados, también se tendría que ir su jefe inmediato, el coordinador Gabriel García, corresponsable de la distorsión de los programas sociales que investiga la Secretaría de la Función Pública.
Anaya no es el único que pudiera reemplazar a Gabino, se los iremos presentando en próximas entregas.
CRIMINALIZAN A VÍCTIMA DE VIOLACIÓN
El adolescente que denunció por violación al exfuncionario del DIF estatal, está siendo revictimizado por el círculo social y familiar del procesado, en las redes sociales se le tacha de drogadicto, rencoroso, chantajista e ingrato, “delincuente juvenil reincidente”, sin ninguna prueba.
A los medios se les acusa de juzgar a Alejando “N” y de creer “las mentiras” de la víctima.
Con esas malévolas acciones, las jornadas de oración a favor del presunto se ven con perspicacia, son parte de la estrategia extralegal para presionar a la justicia y al gobierno carrerista para que lo libere porque consideran falsa la acusación.
Por estas reacciones de un sector de la clase alta potosina, a este caso se le encuentra similitud con el de Carlos Lavín, de los años 90, acusado del homicidio del ganadero Salvador Valle Rodríguez (hermano de la actual presidenta del DIF).
Se generó una red marista que rezaba, encendía velas y formaba cadenas humanas en la Calzada de Guadalupe para combatir a la autoridad perversa, panistas y navistas encabezaron este movimiento; ningunearon a quienes entonces eran el procurador Eduardo Vélez y el gobernador Horacio Sánchez, además lograron silenciar a la mayoría de los medios de comunicación y doblaron a la justicia.
El juicio no pasó del auto de formal prisión, un despacho influyente, el de Gómez Mont, logró su liberación, la estrategia fue eficaz: tumbaron el testimonio de tres testigos que vieron a Lavín asesinar a su amigo Salvador en un camino de Soledad de los Ranchos, cuando el Deuteronomio (17:7) dice: “Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir; no morirá por el dicho de un solo testigo”.
Ante el caso del ex procurador de los Adultos Mayores, el gobierno de Carreras y el Poder Judicial han actuado conforme a la ley, ya fue vinculado a proceso y en dos meses se definirá su destino, la Fiscalía aseguró que no hay más denuncias en su contra como se llegó a decir. [Javier Padrón].