Con su presencia en la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, electo para dos años que el Congreso de ese estado amplió a cinco para complacerlo, doña Olga Sánchez Cordero fue la mensajera y el mensaje mismo de que la 4T avala este proyecto político que por justicia debería naufragar.
Para que se mete en más problemas sí ya tiene bastantes, por tacto político no hubiera asistido, menos comentar entre risas sobre la legalidad del lance de Bonilla en una reunión privada que se hizo pública a través de un video.
Es cierto que la SCJN es la instancia última que deberá determinar si Bonilla solo gobierna el periodo para el que fue electo, la controversia constitucional se pudo evitar, pero se prefirió dejarla correr como una falsa demostración de que no hay intromisión del Ejecutivo federal en asuntos estatales.
Caso burdo que da pauta a los opositores de AMLO para asegurar que es un paso para que intente reelegirse, lo cual no es verosímil; de cualquier modo la idea ya se sembró y el costo político es evidente.
“LOS JUANES PERREROS”
Entre el público asistente al quinto taller del IMPLAN dedicado al medio ambiente y cambio climático, se dejaron ver los líderes de la mayoría de los comuneros de San Juan de Guadalupe que aceptaron vender 2068 hectáreas, conocidos como “los juanes perreros”: Fidel Cruz Campos y Alejandro Jasso Dávalos; acompañados por Edgardo de los Santos, autor de la declaratoria estatal de protección de Sierra de San Miguelito.
No fue una sorpresa que acudieran y están en su derecho, del otro lado estaban los asesores de los comuneros disidentes, Carlos Covarrubias y Michel Hernández que documentaron la improcedencia legal de las inmobiliarias constituidas por Carlos López Medina y plantearon un proyecto de ecoturismo para la Cañada de Lobo, una herejía.
Jasso Dávalos, mejor conocido como “Jano”, desde atrás le gritó a Michel Hernández que no dijera mentiras, el encargado del IMPLAN, Fernando Torre Silva intervino para poner orden. “Jano” es señalado por haber encabezado la agresión que sufriera tiempo atrás Covarrubias, quien fue a dar al hospital con lesiones de gravedad, la Fiscalía General del Estado no ha movido un dedo.
Los comuneros en resistencia lograron un avance porque el IMPLAN les reconoció tener interés jurídico en el destino de la Sierra de San Miguelito.
RECURSOS OBSERVADOS Y POR ACLARAR
David Colmenares Páramo fue electo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por la Cámara de Diputados para un periodo transexenal (2018-2026), no le debe el cargo al Presidente AMLO, con quien tiene una relación al menos institucional, no hay hasta ahora tensiones o choques.
Se supone que ya no hay línea para encubrir a los responsables de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, tampoco para fabricar “chivos expiatorios”.
Colmenares puso su lupa al gasto de 3 mil 47.44 millones de pesos del gobierno de Carreras, y por la tarde dieron la cara el secretario Daniel Pedroza y el contralor Gabriel Rosillo para matizar el informe parcial de fiscalización a la Cuenta Pública 2018, se veían muy serios, tuvieron que interrumpir su puente largo de Día de Muertos.
La cantidad referida no está en la categoría de pliego de observación, “sino como solicitud de aclaración… por lo que en estos momentos por ningún motivo se puede aseverar fueron mal ejercidos”, aclaró Rosillo.
Después Pedroza precisó que los recursos son de “libre disposición”, provenientes de recaudación propia, pero tuvo que reconocer que sí hay un monto (menor a 150 millones de pesos) en observación: Seguro Popular (68.86 mdp), Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (63.37 mdp), Sustitución del Hospital Central Ignacio Morones Prieto (14.8 mdp) y a PROSPERA (189 mil pesos).
Delegó a los municipios la solventación de 180 mdp de los fondos de Fortalecimiento Financiero y de Hidrocarburos, así como 221 mdp del FORTAMUNF y FISMDF, con lo que se pretende aligerar la pesada carga, ya veremos que dice Colmenares.
A la que no se ve en la misma sintonía de su par federal, es a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Cervantes, y el Sistema Estatal Anticorrupción sigue siendo una aspiración. [Javier Padrón].
