La Fiscalía General del Estado, tiene una calificación reprobatoria de 43.95 por ciento, que nos coloca en la número 22 del país con menos efectividad –seis lugares más abajo que en el 2018-, esto obedece a que a los potosinos les cuesta 98.47 minutos interponer una denuncia –somos la entidad 26 más tardada-, hay 8.4 Ministerios Públicos por cada cien mil habitantes, se gasta un presupuesto de 322.28 pesos en promedio por cada habitante –somos la entidad 14 que más invierte-, y solo se tiene un 11.8 de efectividad en el Sistema Penal Acusatorio.
Lo anterior, evidencia que existe mucho trabajo por realizar en la dependencia que presume autonomía, así también que las autoridades de procuración de justicia deben redoblar el paso, consideró el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, tras analizar la rendición del segundo informe de actividades de esta institución.
El Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019, es quien también reporta que la cifra negra, efectividad y probabilidad de esclarecimiento del delito por entidad federativa, es de 0.8 por ciento, colocando así a la entidad en el lugar número 27 para comprobar un ilícito, además nos catalogan dentro de los Estados con menor efectividad en cumplimiento de órdenes de aprehensión con 40.9 por ciento.
El legislador del Partido Acción Nacional, lamentó que los esfuerzos que se hacen desde el Congreso del Estado para ayudar en el tema legal y financiero a dicha dependencia, la sigan manteniendo en una posición de riesgo, porque ello refleja que alguien no está haciendo el trabajo que le corresponde.
“Una de las peores evaluaciones de la propia fiscalía se cimenta en que no hay denuncias ciudadanas, está comprobado que debido a la impunidad que impera en la impartición de justicia y la burocracia de estos organismos autónomos, es que la sociedad desconfía de su actuación y de sus funcionarios. Ya no podemos dar más votos de confianza, tiene que terminar este asunto para que se pueda recuperar la confianza de la población que sólo exige trabajo de sus gobiernos”.
Finalmente, entre los datos proporcionados en este mismo documento, se indica que tampoco hay resultados en la aplicación de la política criminal, en el caso de los homicidios dolosos hay impunidad en un 94.5 por ciento, colocándonos en la entidad número 10 del país, con condiciones más preocupantes, así también hay una alta condena de delitos menores en un 53.5 por ciento, pero no se resuelven fenómenos de alto impacto.