En referencia a la solicitud de información que recientemente recibió la Auditoría Superior del Estado, relativa al expediente del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de Paloma Bravo García -ex coordinadora de Desarrollo Social y actual presidenta municipal de Zaragoza-, por observaciones administrativas detectadas en ese municipio durante 2014, el organismo fiscalizador reitera que no obra en sus archivos expediente alguno de procedimiento por observaciones administrativas, iniciado en contra de la funcionaria con motivo de la fiscalización a la cuenta pública del citado ejercicio fiscal.
La carencia del expediente se debe a que el órgano interno de control del municipio de Zaragoza en el período correspondiente, omitió notificar a la ASE el documento mediante el cual ordenaba la inhabilitación de Paloma Bravo García, por lo que no pudo ser registrada en el padrón de funcionarios y ex funcionaros inhabilitados.
Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí que regía entonces el proceso de auditoría a las Cuentas Públicas, no era competencia de la ASE dar continuidad a las irregularidades administrativas no solventadas, respecto de las cuales se promovía lo conducente ante las Contralorías Internas. En este caso, el órgano interno de control de Zaragoza tuvo en su momento la facultad de iniciar el procedimiento respectivo contra su coordinadora de Desarrollo Social y someter a aprobación del Cabildo la posible sanción.
La ASE tiene conocimiento de que la implicada acudió a un juez con la finalidad de promover un juicio de amparo que le fue otorgado, ordenando al Contralor Interno dejar insubsistente el emplazamiento realizado a la actual alcaldesa, por considerar que le fue vulnerado su derecho de audiencia, sin que el tercero perjudicado haya impugnado la decisión del juez en el plazo establecido para ello.
En este sentido, el organismo fiscalizador hace un llamado a las Contralorías Internas de los municipios que integran el Estado potosino, para que se capaciten adecuadamente y ejecuten sus funciones de manera eficiente, de tal modo que conflictos como el que vive hoy el municipio de Zaragoza, no se vuelvan a presentar.