Por escasa diferencia de votos, el Congreso del Estado rechazó los dictámenes de las cuentas públicas del Poder Judicial del Estado y de la capital del estado, mientras que le dieron el visto bueno a la cuenta del gobernador Carreras y demás entidades públicas que se fueron con una bendición en la frente.
Los legisladores ausentes porque tenían cosas más importantes que hacer, fueron Pedro Carrizales “El Mijis” y Beatriz Benavente, así mostraron su compromiso con la vigilancia de los recursos de los potosinos.
Según la Auditoría Superior del Estado y los diputados que exigen castigo a la corrupción, todo está en orden salvo los gastos del magistrado presidente Juan Paulo Almazán Cue y el exalcalde Ricardo Gallardo Juárez, cuya cuenta incluye tres meses del actual alcalde Xavier Nava pero son cosas menores asegura él mismo, lo pesado le corresponde a su antecesor.
Sus cuentas fueron devueltas a la Comisión de Vigilancia para su modificación, y el presidente de la JUCOPO, el panista Rolando Hervert Lara, planteó que se le practique a Gallardo una auditoría del 100 por ciento, a ver qué más le encuentran. A Gallardo y Almazán justicia a secas, a los amigos apapachos.
Habló con mucha enjundia del combate a la corrupción y la impunidad, como si nadie estuviera enterado que superó a su antecesor, el diputado morenista Edson de Jesús Quintanar, en derroches y contratación de cuates y familiares de panistas.
Es refractario al tema de la austeridad, hasta se indignó la vez que le preguntaron sobre si se bajaría el sueldo, trabajó en los gobiernos de Fox y Calderón, aprendió a gastarse el dinero ajeno.
La votación de los dictámenes de las cuentas públicas se da en un contexto de desconfianza social, la credibilidad de los legisladores está muy menguada y apenas hace unos días a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Cervantes, le descubrieron una partida mensual de 3 millones de pesos para compensaciones que mantenía escondida del escrutinio público.
Si la fiscalizadora principal pone el mal ejemplo, qué se puede esperar de sus auditados.
JUSTICIA PARA KARLA
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la joven Karla confirmó que el sistema de justicia potosina violó disposiciones constitucionales y convencionales, no se respetaron los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a una vida libre de discriminación y violencia basada en el género.
Ocurrido en el crimen en el gobierno del doctor Toranzo, a la familia de Karla se le impidió participar en la investigación del homicidio, no fueron informados del estado procesal de las pruebas recabadas, ni de las diligencias que se llevaron a cabo para realizar la consignación, y la autoridad ministerial omitió recabar pruebas o llevar a cabo las diligencias que permitieran esclarecer satisfactoria y fundadamente la causa de la muerte.
Por ello la Primera Sala le otorgó amparo a la madre y hermano de Karla, por el cual se ordenó dejar insubsistente una consignación por homicidio culposo y reponer la investigación con perspectiva de género.
De acuerdo a la información oficial, “la resolución de este asunto busca subsanar las violaciones cometidas durante la investigación y su efecto se extiende a la sociedad en general, pues además se deberán iniciar los procedimientos necesarios para sancionar administrativa o, incluso penalmente, a las autoridades intervinientes por su actividad irregular, así el ordenar la reposición de la investigación busca disuadir a las autoridades de llevar a cabo investigaciones sin sujetarse a las disposiciones constitucionales”.
El magistrado ponente del amparo en revisión 1284/2015, fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La justicia para Karla apenas comienza, falta un largo trecho, tendrán que ser llamados a rendir cuentas los exfuncionarios torancistas que vieron el feminicidio como un accidente.
El gobernador Carreras ya aseguró que no se protegerá a nadie, semejante a los consabidos estribillos “de nadie por encima de la ley” y “caiga quien caiga” de otros años y no pasaba nada. [Javier Padrón]