A un día de que el gobernador Carreras presuntamente expondría a un selecto grupo de empresarios el paquete de obras viales y la autorización federal de la vía alterna de Avenida Juárez al Eje 140 de la Zona Industrial, la joya del sexenio, apareció el frente navista en su faceta ecologista con un recurso de revisión en contra de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La MIA, emitida por la SEMARNAT el 31 de octubre, da el visto bueno a la afectación de más de 49 hectáreas forestales de la Sierra de San Miguelito, para el trazo de la vía de 10 kilómetros con 62 metros de ancho, “todo un freeway estilo California”, dicen algunos apologistas.
El recurso de revisión fundamenta los agravios, cita leyes y jurisprudencia, analiza la declaratoria estatal de Área Natural Protegida (elaborada por Edgardo de los Santos), la tacha de parcial y manipulada, aún así la vía alterna la contraviene, como también la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Plan del Centro de Población Estratégico SLP- Soledad, aunque éste ya está en proceso de extinción y el nuevo plan del alcalde Xavier Nava está orientado a favorecer el cambio de uso de suelo para proyectos inmobiliarios y vialidades de zonas hasta ahora intocadas.
El proyecto vial sobre la Sierra de San Miguelito está ubicado en una zona de recarga del acuífero y otro argumento es la declaratoria federal en curso, compromiso público y reiterado del Presidente AMLO, por lo que hay una contradicción evidente en la MIA, lo lógico es esperar a que la SEMARNAT concluya sus trabajos antes de darle luz verde a la vía alterna porque su ubicación podría quedar incluida en la extensión por protegerse.
Los quejosos Manuel Nava, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Luz María Anaya y Victoriano Martínez, en su escrito de revisión descartan que la vía alterna obedezca “a cuestiones de necesaria movilidad pues de manera evidente busca favorecer diversos proyectos de carácter inmobiliario como es el desarrollo Gran Peñón que establece como uno de sus ejes formales de oferta inmobiliaria este trazo”.
Y lo vinculan con los proyectos inmobiliarios que fueron presentados en los talleres del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) el 28 de agosto, “en los que se establecen trazos carreteros diversos y vialidades donde confluyen las empresas IMMSA, Desarrollos del Pedregal, Proyecto Cañadas (Espacios en el Horizonte) y el mismo Gran Peñón […] son los intereses de carácter económico por encima del interés y orden público que confrontan determinaciones de carácter ambiental”.
Esta oposición a la vía alterna que beneficiaría al Gran Peñón y a los proyectos inmobiliarios de Carlos López y Germán Larrea, ha dado pie a interpretaciones en el sentido de que se trata del intento del navismo de influir en esta disputa de las élites por el trazo de la vialidad, que no es legítima su preocupación por el medio ambiente; la otra opción estudiada fue la de Avenida Salk, descalificada con ahínco en varios medios de comunicación por voceros empresariales.
Las malas noticias para el gobernador Carreras y el Gran Peñón y sus aliados, es que el titular de la Semarnat, Víctor Toledo, se sorprendió al conocer el recurso de revisión interpuesto por los navistas, como si no estuviera enterado de la publicación de la MIA en la Gaceta Ecológica 54. Se supone que se cuestiona lo esencial: ¿cómo fue que se aprobó?
De ser cierta esta reacción de Toledo, académico y activista comprometido que no fue la primera opción de AMLO para el cargo, nos muestra a un secretario descuidado y omiso, por decirlo suavecito, que no está al tanto del cumplimiento del compromiso presidencial de que no se tocaría la Sierra de San Miguelito ni con el pétalo de una rosa, o será que sí le van a mermar un trozo a cambio de la protección de una superficie más amplia de la establecida en la declaratoria estatal. [Javier Padrón].
