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Dividieron 11 mdp de la “estafa maestra” entre 68 exfuncionarios

Dividieron 11 millones de pesos (mdp) de uno de los casos de la ‘estafa maestra’ entre 68 exfuncionarios de Sedatu y Sedesol.

Según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), de la que da cuenta Reforma, la cantidad se trianguló y depositó también entre familiares de los ex servidores públicos.

Los 11 mdp son parte de 185 millones 839 mil 480 pesos de un contrato que la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dio a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), para que realizara algunas tareas en febrero de 2016.

Nueva investigación por el delito de peculado

El mencionado rotativo señala que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) abrió una nueva investigación por el delito de peculado.

De acuerdo con la Fiscalía, las subcontrataciones de 181 millones 958 mil pesos corresponden al 97.91 por ciento del total del convenio original y advierte que la contratación es indebida pues está por encima del 49 por ciento máximo que permite la Ley de Adquisiciones.

El convenio fue para que la UPFIM proporcionara los servicios para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.

¿Qué es la ‘estafa maestra’?

Una investigación periodística llamada “La Estafa Maestra” documentó en septiembre de 2017 el desvío de dinero en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el trabajo, realizado por Animal político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, a través de una red estratégica se desviaron recursos públicos que involucraba al menos a 11 dependencias. Algunas involucradas son:

  • La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
  • La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
  • El Banco Nacional de Obras.
  • Petróleos Mexicanos (Pemex).
  • La Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).


El desvío de más de 3 mil milones de pesos además involucra a ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.

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