Después de tres años de Trump en la presidencia, el gobierno de EU está intensificando sus esfuerzos para confiscar terrenos privados en el sur de Texas para construir un muro en la frontera con México.
El Departamento de Justicia de EU presentó tres demandas en lo que va del mes contra propietarios de tierras en el Valle Río Grande, una franja de pueblos y granjas fronterizas en el punto más al sur de Texas, y se esperan muchas demandas más en las próximas semanas.
Casi ninguna de las tierras ha sido expropiada hasta ahora; aunque el martes, los abogados del Departamento de Justicia se movilizaron para confiscar tierras, en un caso inmediatamente antes de una audiencia judicial programada para febrero.
La agencia dice que está lista para presentar muchas solicitudes más para apropiarse de tierras privadas en las próximas semanas; sin embargos, los avances han sido lentos, el proceso de confiscación de tierras tiene un gran peso en favor del gobierno.
Las autoridades estadunidenses apenas han construido unos 145 kilómetros de muro desde que Trump asumió el cargo, y casi todos ellos han sido para reemplazar cercas viejas. Alcanzar la meta establecida de Trump de 800 kilómetros para fines de 2020 requerirá casi con certeza un mayor avance en Texas.
Los opositores han presionado al Congreso para que limite los fondos e impida la construcción en áreas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, un importante santuario para varias especies en peligro de extinción, como jaguares, aves y otros animales, así como el Centro Nacional de las Mariposas y una capilla católica histórica.
De acuerdo con un funcionario estadunidense, los equipos de trabajo descubrieron que un terreno estaba muy saturado de agua. Los bolardos metálicos previstos, instalados sobre paneles de hormigón, habrían sido inestables debido a los niveles de agua en el suelo.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU se negó a comentar sobre el tema en La Parida Banco, diciendo que la construcción allí estaba “actualmente en la fase de diseño”.
Ricky Garza es abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que representa a seis propietarios en varias etapas del proceso de dominio eminente.
Algunos terratenientes apoyan un muro fronterizo y han acordado trabajar con el gobierno. Otros temen perder parte de su propiedad por una “tierra de nadie” entre el muro o el río. Varios han prometido luchar tanto tiempo como puedan. Garza destacó que el Valle del Rio Grande es una de las regiones más pobres de Estados Unidos.
“Es un uso severo del poder del gobierno contra gente que tiene muy poco. Nuestros líderes dicen que no hay mucho dinero para repartir, pero luego se ven números en los miles de millones asignados para algo que casi nadie en la comunidad quiere”, dijo.
EXONERAN A FUNCIONARIOS
La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EU descartó “falta” o “mala actuación” en los hechos que rodearon la muerte, en diciembre del año pasado, de dos niños inmigrantes guatemaltecos que permanecían bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
Jakelin Caal, de siete años, y Felipe Gómez, de ocho, murieron el 8 y el 25 de diciembre de 2018, respectivamente, luego de haber sido detenidos junto a sus padres en territorio estadounidense.
Según la oficina informó que no se encontró “falta o mala actuación por parte del personal del DHS”, según dos comunicados separados difundidos el 20 de diciembre.
Asimismo, el gobierno de EU presentó un escrito ante la corte de apelaciones que busca desmantelar el acuerdo que protege a menores indocumentados de detenciones prolongadas. La Fiscalía del estado alega que el pacto firmado en 1997, que establece que menores no pueden permanecer detenidos por más de 20 días, está “desactualizado” y no refleja las “circunstancias” actuales”.
EFE