La organización PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) presentó ante la ONU el caso de la nueva presa de jales que construye Grupo México en Sonora, por considerarse un riesgo para la comunidad de Bacanuchi.
PODER se reunió con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas para exponerles el caso y detallar los riesgos que tiene para los habitantes de la zona. Miembros de la organización señalaron que a pesar del derrame ocurrido en agosto de 2014, cuando los ríos Sonora y Bacanuchi fueron contaminados con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, Grupo México se encuentra construyendo la nueva presa con total impunidad.
“Al Grupo también se le actualizó de lo que ha sucedido con las comunidades afectadas desde su visita a México en 2016, porque además Relatores Especiales de la ONU sobre el Derechos al Agua y Saneamiento, sobre el Derecho a la Salud y sobre Residuos Tóxicos hicieron un llamado al gobierno y a la empresa para que respondiera ante el caso del Río Sonora”, explicó un miembro de la organización a Proceso.
“Esto ha sido un golpe ambiental muy fuerte para las comunidades y venimos a buscar más apoyo del Grupo de Trabajo de la ONU para que haya un fortalecimiento del proceso judicial, se puedan encontrar sentencias favorables ante los tres amparos que están en revisión en la Suprema Corte y que la implementación de esas sentencias, no se queden en papel”, agregó.
La empresa actualmente construye la presa de jales en las inmediaciones de la comunidad de Bacanuchi, con una capacidad de almacenamiento de 2,040 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos. De acuerdo con PODER, Bacanuchi cabe 138 veces en la superficie de la nueva presa, lo que implica un alto riesgo para los habitantes de la zona.
“Un derrame de esta presa de jales de la mina Buenavista del Cobre podría acabar con la población de Bacanuchi. Incluso Grupo México ha reconocido que la comunidad está dentro del área de afectación directa de la presa”, explicó Ivette González al medio nacional.
La presa de jales sirve para depositar los residuos resultantes del proceso de separación de metales en la mina. Los residuos que se depositan incluyen solventes contaminantes, pero no minerales ni ácido, a diferencia de lo que contenía el lixiviado derramado en 2014.
Sólo 27 kilómetros separan a Bacanuchi de la presa, que ocupa 3,326 hectáreas de superficie y tiene capacidad de almacenar 816,000 albercas olímpicas en puros deshechos. El miedo de la población es que un nuevo derrame arrase con el pueblo y afecte de forma directa a más de un millón de personas, incluidas aquellas que viven en los siete municipios que usan el río como forma de vida.
La organización PODER recordó a Proceso que, el Grupo de Trabajo de la ONU ya había emitido una serie de recomendaciones para Grupo México en 2016, donde pidió que se consultara a la población local y se pidió al gobierno de México el robustecimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Sin embargo, PODER ha acusado al gobierno de no tener voluntad política para implementar las recomendaciones de la ONU.
El reclamo de la población era que la empresa había iniciado en 2013, y con un Informe Preventivo aprobado por las autoridades, las obras de la presa de jales sin consultar a las comunidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a las autoridades responsables a informar sobre los aspectos técnicos de la presa, las medidas preventivas y garantizar su derecho a la participación.
Según explicó PODER, para la implementación de esa sentencia, el 5 de julio de 2019 la Semarnat tuvo una reunión en Bacanuchi, donde recogió las preocupaciones de las comunidades sobre la nueva presa de jales y se comprometió a que la Profepa haría una inspección para verificar que Grupo México estuviera cumpliendo con las medidas de prevención y mitigación. Los resultados debieron llegar en octubre, según su compromiso. Pero han pasado más de dos meses desde esa promesa y las autoridades no han informado comunidad las conclusiones de la inspección.
El Proyecto Nueva Presa de Jales forma parte de la planta Concentradora de Cobre II, que a su vez es parte del plan de expansión de Grupo México, llamado Gran Visión y que se proyecta que dure hasta 2055. Para este proyecto, la empresa ha contratado a otras 52 compañías.
A cinco años del derrame en los ríos, la empresa sigue sin remediar los daños y escuchar a la población de Benamichi; ellos por su parte, tienen miedo de que vuelva a ocurrir un derrame y se contaminen los mantos. A pesar de sus constantes criticas y sus reclamos a la presente administración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue sin escuchar sus demandas. Lo mismo ocurre con Grupo México, empresa que mantiene la construcción de la presa.
Cuando sobrevino el desastre ambiental en 2014, el gobierno se comprometió con los pobladores a que la empresa atendería a las personas que se vieron afectadas. Grupo México construiría un hospital y sería el responsable de monitorear los pozos de agua por 15 años. Sin embargo, en agosto de este año cerraron la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora.
El consorcio ha asegurado que ya cumplió con el resarcimiento de los daños a las víctimas por el derrame. Mientras tanto, los damnificados esperan que la actual administración federal retome el caso. En ese sentido, apenas el 21 de diciembre un juez federal ordenó reabrir la investigación en contra de una subsidiaria de la empresa. Y es que apenas el pasado 9 de julio, el caso tomó un nuevo impulso cuando Grupo México generó otro derrame tóxico en el Mar de Cortés.
Infobae