Marcela Loyola
La diputada por MORENA, Marite Hernández Correa, declaró que “nadie está por encima de la ley, el propio presidente lo ha dicho”, por lo que se debe de sancionar a los funcionarios que violen las leyes como es el caso del delegado de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza.
Lo anterior luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó sancionar a 43 funcionarios de la Secretaría de Bienestar, 14 delegados, 21 subdelegados regionales y ocho Servidores de la Nación, entre los cuales está Gabino Morales, esto por realizar promoción de la figura del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
La legisladora señaló que la autoridad competente hizo un análisis y emitió un juicio al respecto de la situación, por lo que el procedimiento sigue con las pruebas que tienen, y si su consideración y juicio final fue sancionar a estos funcionarios es porque realmente cayeron en actos indebidos.
“No debemos jugar de más con un cargo que se ostenta, simplemente tenemos que cumplir lo que está dentro de nuestras atribuciones y ejecutarlo de manera plena, libre y sin perjudicar a nadie, no incurrir en trampas, en la ilegalidad o en la mentira, pues eso es lo que nos está exigiendo la sociedad, si actuamos de manera correcta vamos a tener beneficios para todos y no solamente para un grupo o un sector”, declaró.
Agregó que si las personas a las que se les encargan estos puestos tan importantes, están abusando del poder esto va en demérito de la transformación que se requiere como sociedad y va en contra de los ideales de la 4T.
Consideró que Morales Mendoza no se ha conducido de forma correcta, ya que de lo contrario no habría esos cuestionamientos, en cambio su papel ha sido beneficiar a ciertos grupos y no se trata de eso, “no solamente un grupo debe tomar las decisiones ni tratar de brincar los derechos de otros”.
Hernández Correa manifestó que cuando el presidente López Obrador considere que ciertos personajes no le sirven para la cuarta transformación entonces él decidirá si los remueve o no del cargo, pero en este caso las autoridades jurisdiccionales han hecho un pronunciamiento y hay que acatarlo como funcionarios y enfrentar lo que uno ha hecho como persona pública.