Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Rébsamen, admitió por primera vez su responsabilidad en la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños, tras el derrumbe del plantel durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Su defensa solicitó el juicio abreviado para acceder a los beneficios de reducción de pena que le permitan salir de la cárcel en el menor tiempo posible y que se establezca el monto de reparación de daño.
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México solicitó una pena de 22 años y seis meses de prisión para García Villegas, sanción que han apoyado algunos familiares de las víctimas que se oponen a que sea liberada.
Este viernes se llevó a cabo la audiencia intermedia en los juzgados de oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, en la que no se admitieron medios de comunicación.
Al concluir la diligencia, Francisco Riquelme, abogado de las víctimas, dijo que Mónica aceptó su culpabilidad.
“(Los padres) están muy desgastados por el tiempo que ha transcurrido en la cuestión jurídica, pero muy satisfechos porque están encontrando respuestas en el proceso abreviado, lo que implica ahorrarse el juicio, ahorrarse la necesidad del desahogo de prueba de tal manera que el inculpado reconoce su responsabilidad en el hecho, a cambio de una reducción de la pena y con ello se evita el desgaste”, puntualizó.
La siguiente audiencia se realizará en dos semanas para confirmar el juicio abreviado, así como determinar si las partes aceptan los acuerdos de pena y reparación del daño.
“En principio hay una propuesta de la defensa en donde ella propone que en todo escrito de acusación para la audiencia intermedia se deben fijar las cuantías de la pena, la cuantía de la pena atiende a diversos criterios, puede haber una solicitud que va inclusive más allá de los 60 años en un cómputo, otro puede ir por 20, otra puede ir por 10, hay diversidad de criterio”.
En caso de que se realice el juicio abreviado, la defensa de la directora del Rébsamen puede solicitar la pena mínima por el delito de homicidio.
Por Milenio