Este 2020 se cumplirán seis años de la desaparición impune de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y en un hecho histórico, el 7 de enero pasado, una Corte de Arizona se pronunció sobre la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014, sentando un nuevo precedente sobre el caso que aún no ha sido resuelto en México.
En el marco de una solicitud de asilo político hecha por un testigo clave del caso, la Juez Molly S. Frazer determinó que la versión oficial dada por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue creada con base en “tortura” para inventar testimonios. Y afirmó que “piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fin de sustentar la falsa verdad histórica”.
En la sentencia de 24 páginas de la cual se tiene copia afirmo que la Corte considera que “el Ejército Mexicano y la Policía Federal Mexicana participaron y estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes normalistas”.
Y con base en la revisión de más de 61 pruebas presentadas durante el juicio, la juez dictaminó: “(La Corte) Desafía la creencia de que un departamento de policía municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal de México y la policía federal hayan sido responsables de este horrible incidente”, señala la sentencia.
La postura judicial fue definida por la Juez Frazer, en una Corte Migratoria, en Florence, Arizona, en el marco del juicio llevado a cabo para determinar si se otorgaba o no “asilo político” a Ulises Bernabé García, quien era juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala y es una de las piezas clave para entender los hechos de esa noche.
El juez de barandilla fue el primer testigo directo que vio al Ejército en las calles de Iguala en las horas que ocurría el ataque y desaparición de los estudiantes, y negó que los normalistas hubieran sido llevados a la base de la policía municipal como asegura la llamada verdad histórica difundida por la Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Peña Nieto.
En su sentencia la Juez determinó conceder el “asilo político” a Bernabé García.
Es la primera vez, en las últimas décadas, que una Corte americana se pronuncia sobre un caso de violaciones graves a derechos humanos en México. Esta es la historia del juicio y su histórica resolución.
Los antecedentes del veredicto
Para llegar a su veredicto la Corte de Arizona analizó el Informe I y II realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos para realizar en México una indagatoria independiente sobre el caso.
También revisó el informe preliminar elaborado en 2016 por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, encabezada por el Visitador César Chávez Flores. Y escuchó el testimonio directo de Bernabé García, y tomó en cuenta diversos artículos publicados en México y Estados Unidos.
Asimismo, la autora de este reporte fue citada a declarar en la Corte de Arizona ante la Juez y representantes del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security DHS) como “testigo experto”, por los hechos descubiertos en la investigación periodística realizada de 2014 a 2019 sobre el caso del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y su desaparición. Hallazgos publicados en diversos medios de comunicación de México y Estados Unidos, así como en el libro “A Massacre in Mexico. The true story behind the Missing Forty-Three Students” (traducción al ingles del libro La Verdadera Noche de Iguala), el cual también fue presentado como una de las pruebas a analizar.
La Juez también tomó en cuenta las pruebas presentadas por DHS, entre ellas los mismos reportes del GIEI y la alerta roja emitida por Interpol México en 2015 para solicitar la detención de Bernabé García.
La verdad histórica bajo juicio en USA
En la sentencia de 24 páginas la Corte hizo un recuento de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“El 26 de septiembre de 2014 estudiantes normalistas mexicanos de una escuela rural iban en camino a una protesta cuando fueron secuestrados. Se presume que todos los 43 estudiantes están muertos”, señala la sentencia.
“El caso ha generado controversia en contra del gobierno de México y hay muchos informes confiables que han demostrado que el gobierno de México se ocupó de encubrir los incidentes reales de esa noche.
“De acuerdo con el informe oficial del gobierno sobre el incidente, en adelante conocido como “La Verdad Histórica” los 43 estudiantes fueron arrestados por la policía municipal (de Iguala) después de que los estudiantes secuestraron autobuses. El gobierno de México sostiene que la policía de Iguala, después de encarcelar a los estudiantes, los entregó a un cartel local llamado Guerreros Unidos, a petición del alcalde local (José Luis Abarca)” “El gobierno de México sostiene que todos estos eventos ocurrieron sin el conocimiento o participación del gobierno de México, del Estado de Guerrero, ni de los oficiales del Ejército mexicano”.
Pero en su fallo la Corte refutó esa versión.
El testimonio clave de Bernabé García
El 13 de noviembre de 2014 el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó que el 27 Batallón de Infantería supo del ataque dos horas después de ocurrido. En esa época los estudiantes sobrevivientes solo habían visto a los militares cuando éstos hicieron una redada en el Hospital Cristina, después de la medianoche.
Los estudiantes estaban ahí buscando atención médica para uno de sus compañeros y según su testimonio fueron amenazados y hostigados por el ejército, pero desconocían incluso el nombre de quien comandaba el grupo de militares.
La primera persona que contradijo la versión hasta entonces sostenida por el gobierno del estado de Guerrero y el federal, fue Ulises Bernabé García, juez de barandilla quien durante todo el 26 de septiembre estuvo de turno.
La autora de este reporte entrevistó a Bernabé García en noviembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Afirmó que todo el día estuvo en funciones. Su puesto solo era temporal, y consistía en poner multas a quienes cometían una falta administrativa en Iguala: beber en la vía pública, orinar en la calle, entre otras. A él le correspondía recibir a los detenidos de la policía municipal, y levantar la boleta de multa. Si las personas pagaban enseguida podían retirarse, sino debían permanecer en los separos.
Dijo que hubo cerca de seis hombres detenidos durante la tarde y noche de ese 26 de septiembre por beber en la vía pública o conducir en estado de ebriedad.
Se trató de hombres de aproximadamente 30 años o más, quienes después de pagar su multa fueron liberados en el transcurso de esa noche y madrugada.
Entre las 23:00 y las 24:00 horas del 26 de septiembre -en que se estaba llevando a cabo el tercer ataque contra los estudiantes y su desaparición estaba en curso- un militar quien se identificó con el juez de barandilla como “Capitán Crespo”, del 27 Batallón de Infantería, llegó a la base de la Policía Municipal de Iguala junto con otros 12 elementos del Ejército.
El militar habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García y con el pretexto de buscar “una motoneta blanca” se metió a la base de la policía municipal e inspeccionó todo: celdas, baños, oficinas y el patio. En los separos estaban todavía algunas de las personas detenidas durante el día.
Según los testimonios de los policías municipales de Iguala detenidos, obtenidos bajo tortura entre las 23 y 24 horas habrían llevado a los normalistas a la base de la policía y después habrían sido trasladados por la policía municipal de Iguala y Cocula a las afueras de Iguala y entregados a los supuestos Guerreros Unidos. Pero ninguno de los policías dijo la misma versión. Todos firmaron confesiones con información diversa en horas, modo, tiempo y lugar, e incluso contradictorias entre sí. Cabe recordar que muchos de los policías detenidos ya fueron liberados por orden de un tribunal mexicano.
Cuando el juez de barandilla dio este primer testimonio estaba libre y vivía con normalidad en Iguala. La primera vez que fue publicado su testimonio fue el 13 de diciembre de 2014 en un reporte publicado por la autora de este reporte y Steve Fisher, en la Revista Proceso, en una investigación financiada por el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California, en Berkeley.
Antes de publicar su testimonio, se acudió directamente a la base de la policía municipal de Iguala para hacer una inspección de campo. A través del techo de una casa que tenía vista al interior de la base municipal se pudo constatar que varios domicilios estaban pegados a las instalaciones y tenían vista directa del interior.
Sus características coincidían con lo dicho por Bernabé García. Asimismo, se entrevistó a vecinos quienes aseguraron que estaban en sus domicilios o en la calle esa noche y que no vieron o escucharon nada extraño, excepto motociclistas que entraban y salían de la base. También se verificaron las inconsistencias de hecho en las declaraciones firmadas ante la PGR por los policías municipales, quienes por ejemplo describieron características físicas de la base que no correspondían a la realidad.
Bernabé García ya había dado la misma declaración el 21 de noviembre de ese año en las oficinas de la PGR en Iguala, a donde fue citado a declarar, y entregó las boletas de multas administrativas aplicadas a las seis personas detenidas. No se le detuvo en ese momento ni se le hizo ninguna acusación.
Fue después del reportaje publicado en Proceso que comenzó a ser hostigado por el Ejército mexicano en su domicilio.
En enero de 2015 la PGR giró una orden de arresto contra Bernabé García basado en el supuesto testimonio de Hugo Hernández Arias, un policía municipal de Iguala detenido. Según el Ministerio Público había declarado que él estaba presente cuando los estudiantes fueron llevados a la base de la policía municipal y que vio que el juez de barandilla habría permitido que policías de iguala y Cocula se los llevaran.
Para confirmar o desechar la versión de Bernabé García se obtuvo copia de la única declaración ministerial dada por Hernández Arias fechada el 28 de septiembre de 2014 en la cual consta que el ministerio público solo le formuló 41 preguntas, y en ningún punto de la declaración menciona la presencia de los normalistas en la base, ni la presunta participación de Bernabé García.
Pero conforme avanzó la investigación el ministerio público del Estado de Guerrero alteró la declaración original de Hernádez Árias y le añadió la pregunta 42 y el párrafo en que supuestamente Hernández Arias habría declarado lo referente a los estudiantes en la base de la policía municipal.
Aunado a esto, Ramón Navarrete, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero afirmó que la mañana del 27 de septiembre fue a la base de la policía municipal a buscar a los normalistas y que la Comisión hizo una inspección exhaustiva buscando algún indicio o rastro de su presencia ahí, pero no encontró ninguno.
Las mentiras del ‘Capitán Crespo’
El testimonio de Bernabé García era importante porque afirmó que los estudiantes nunca fueron llevados ahí y porque fue el primero que dijo que el ejército estaba en las calles activo a la hora del segundo ataque y desaparición, a diferencia de lo dicho por la Sedena. También señaló el primer nombre de un militar activo esa noche: el “Capitán Crespo”.
Con base en ese testimonio se hicieron diversas solicitudes de información de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia para obtener todos los reportes y declaraciones de militares sobre los hechos ocurridos esa noche. Y aunque en un inicio la PGR tuvo resistencias fue obligada a entregar la información por ordenes del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) Fue así como se obtuvieron las primeras declaraciones del Ejército Mexicano publicadas por la autora de este reporte y Steve Fisher en la revista Proceso en 6 de septiembre de 2015. Esas primeras declaraciones fueron dadas por militares del 27 Batallón de Infantería el 3 y 4 de diciembre de 2014, pero el gobierno las quería mantener bajo secreto.
En esas declaraciones se pudo corroborar que el Ejército si había conocido de todos los hechos ocurridos esa noche, incluso antes de que iniciara el ataque contra los estudiantes y que el Coronel José Rodríguez Pérez ordenó a diversos militares salir esa noche a la hora en que estaba ocurriendo el ataque, e incluso uno de ellos, Eduardo Mota Esquivel quien pertenecía al Órgano de Búsqueda de Información del 27 Batallón.
El nombre completo del militar que habló esa noche con Bernabé García es José Martínez Crespo. A diferencia del juez de barandilla él y los demás militares interrogados por la PGR han cambiado constantemente la versión de lo que ocurrió e hicieron la noche del 26 de septiembre cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Martínez Crespo declaró en las mismas oficinas de la PGR en Iguala, dos semanas después que Bernabé García. En su primera declaración rendida el 3 de diciembre de 2014 admitió que estuvo en las calles de Iguala junto con un pelotón a la hora en que ocurría la desaparición de los 43 normalistas y el tercer ataque y persecución contra los estudiantes sobrevivientes. Es decir, entre las 23:30 a 2:30 am tiempo en que fueron asesinados los estudiantes Daniel Solís y Julio César Ramírez.
Pero el capitán mintió y omitió decir que fue a la base de la policía municipal aunque otros integrantes de su pelotón lo señalaron desde su primera declaración.
En una segunda declaración rendida en agosto de 2015, Martínez Crespo añadió que esa noche estuvo acompañado por Eduardo Mota Esquivel, quien en su declaración confesó que estuvo presente en el ataque contra dos camiones en que viajaban los estudiantes cercano al Palacio de Justicia de Iguala. De uno de ellos desapareció al menos una veintena de estudiantes. Mota Esquivel también fue inconsistente con sus declaraciones y las fue cambiando con el paso de los años. Confesó que tomó fotos de lo sucedido en el Palacio de Justicia, pero supuestamente no participó en los hechos.
En su segunda declaración Martínez Crespo dijo que Mota Esquivel lo acompañó al hospital Cristina, donde estaban refugiados algunos estudiantes sobrevivientes de los ataques buscando atención médica para uno de sus compañeros que había sido herido con un disparo en la cara. Y que ahí Mota Esquivel fue también quien tomó fotos a los normalistas en el hospital. Lo que significa que uno de sus cometidos esa noche era vigilar a los estudiantes y tomar registro de ellos. Sin que hasta ahora sea claro cuál es la razón. Fue hasta una tercera declaración, rendida el 11 de septiembre de 2015, que Martínez Crespo confesó que sí fue a la base de la policía municipal a buscar
una motocicleta que pertenecía a Mota Esquivel y que según él se la habían llevado policías municipales durante lo hechos en el Palacio de Justicia. Solo que dijo que fueron a las 00:30, aunque esa hora no concuerda con la dada por otros integrantes de su pelotón.
Hasta ahora esa historia de la motocicleta nunca ha estado clara, podría haber sido un cabo suelto que delataba la presencia del Ejército en el lugar de la desaparición, o un pretexto para entrar a la base de la policía municipal y ver si algún estudiante había sido trasladado ahí o escapado.
Pese a que Martínez Crespo mintió en sus declaraciones contra él no se giró orden de aprehensión.
Al conocer que diversos policías municipales de Iguala habían sido torturados y que había una orden de arresto en su contra en abril de 2015 Bernabé García se presentó en Arizona y entró ilegalmente a Estados Unidos para solicitar asilo político.
Aunque el gobierno de México solicitó que fuera deportado, el gobierno americano rechazó esa solicitud e inició el juicio de asilo político manteniendo a Bernabé García bajo arresto en una prisión donde ha estado los últimos cuatro años.
En el informe final del Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la CIDH, emitido en Noviembre de 2018, también se señalan las inconsistencias de las declaraciones de los militares sobre los hechos ocurridos.
Corte de Arizona dijo que el testimonio es “creíble”. Bernabé García declaró a la Corte de Arizona la misma versión dada en 2014 sobre los hechos ocurridos esa noche, según se lee en la sentencia.
Dijo que después del 27 de septiembre regresó a su trabajo con normalidad “y nada extraordinario ocurrió”. Dos días después a él y a otros funcionarios administrativos se les dijo que estaban de licencia, por lo que no debían ya presentarse a trabajar.
Señaló que su domicilio fue cateado de manera “ilegal por el Ejército sin que se encontrara ninguna prueba que lo involucrara con el caso de los normalistas”.
Testificó en la corte que tenía miedo de regresar a México porque podrían haber represalias por su “opinión política”, es decir por los hechos revelados sobre esa noche, y por pertenecer a un grupo social específico”, refiriéndose al hecho de que había trabajado en las oficinas de la policía municipal de Iguala.
En la sentencia se explica que un solicitante de asilo político no es elegible si hay razones serias para creer que cometió algún grave crimen “no político”, antes de llegar a Estados Unidos.
El DHS presentó como contra argumento al otorgamiento del asilo el mismo Informe II del GIEI en donde se señala que “de acuerdo a declaraciones de varios acusados dados a la PGR” un grupo de estudiantes fue llevado a las instalaciones de la policía municipal de Iguala. Y sometieron a consideración de la Juez los testimonios firmados por los policías municipales, entre ellos el de Hugo Hernández Arias.
Asimismo, el Departamento destacó que en ese informe del GIEI se señala que dos estudiantes sobrevivientes declararon que sus compañeros fueron arrestados y llevados en patrullas de la policía municipal.
Pero la Juez Frazer consideró el testimonio del ex juez de barandilla creíble.
“Después de revisar la totalidad de las circunstancias la Corte encuentra el testimonio del demandado creíble. Notablemente la Corte encuentra el testimonio del demandado detallado, consistente y específico. En particular el testimonio de los eventos reales que ocurrieron en septiembre 26 de 2014 y los eventos que ocurrieron después de esa noche. Incluyendo el interrogatorio al demandado, el abuso a los policías detenidos, el cateo a su casa, fue consistente con la evidencia presentada”.
Y determinó: “La corte sin embargo no encuentra razones serias para creer que el demandado cometió un crimen serio “no político” en México antes de llegar a Estados Unidos.
“Numerosas plausibles fuentes, incluyendo fuentes presentadas por DHS, señalan que la verdad histórica fue creada por el gobierno de México…”. Y destacó que muchos de los testimonios en que se acusa a la policía municipal de Iguala de llevar a los estudiantes a la base municipal “fueron obtenidos bajo tortura”.
Finalmente, la Corte de Arizona determino conceder a Ulises Bernabé García el asilo político por considerar fundado su temor de poder ser víctima de persecución y tortura por parte del gobierno de México, ya que aunque hay un nuevo gobierno encabezado por un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora siguen libres los involucrados en las torturas contra los detenidos, y en la manipulación de la investigación de la PGR.
De esta forma la Corte americana sentó un nuevo precedente en el caso irresuelto de los 43 normalistas desaparecidos.
Por Aristegui Noticias.