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FGR acusa formalmente a Collado por lavado y delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente al abogado Juan Collado de formar parte de una empresa a través de la cual se realizan transferencias financieras a España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de los recursos, además de que simula la compra de otras compañías.

La FGR pidió el 5 de febrero al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte que se declare penalmente responsable a Collado de los delitos de delincuencia organizada (cuya pena va de ocho a 16 años de prisión) y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, penas que habrán de sumarse por tratarse de un concurso real de delitos.

La fiscalía consideró que Collado “se sitúa en un grado de culpabilidad superior a la (pena) mínima”, al tomar en consideración la afectación a los bienes, las circunstancias personales en las que se encontraba al momento del hecho delictivo, “como un abogado de prestigio nacional, miembro de grupos sociales cercanos a personalidades del poder”, circunstancias que lo obligaban a comportarse de distinta manera.

Hasta el momento el juez de control no ha fijado fecha para la audiencia intermedia.

En la acusación, firmada por la agente del Ministerio Público federal Gloria Minerva Sánchez, titular de la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores y Contra la Administración de la Justicia, se establece:

“En dicha empresa (Libertad Servicios Financieros), José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y Roberto Isaac Rodríguez, en diferentes momentos han desempeñado funciones ejecutivas, de presidentes del consejo de administración, persona moral que hace transferencias financieras de manera reiterada al exterior como España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de esos recursos, existiendo la duda de su procedencia”.

Los hechos

A partir de una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, se acusó a Collado y a otras personas de conformar un “grupo delictivo” que, desde hace nueve años, bajo un reparto de funciones esenciales, lograron vender ficticiamente una propiedad que fingieron adquirir y no les pertenecía.

“Con el recurso de producto de esa venta ilícita, hacen la dispersión del dinero a través de transferencias bancarias que efectuó Tania Patricia García a Juan Ramón Collado y a empresas de José Antonio Rico, utilizando el sistema financiero mexicano, finalidad que consiguieron a través de la simulación de actos jurídicos ficticios”

Se menciona que el 19 de abril de 2010 se constituyó la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., por José David Aguilar y José María Cabrera López, y tres días después —el 21 de ese mes— los socios fundadores vendieron sus acciones a José Guadalupe Aboites y a Jesús Guevara, respectivamente, “situación que no es normal, de alguien que constituye una empresa y tres días después la vende”.

Casi un mes después esa empresa compró un terreno con una construcción en obra negra, que después la misma compañía terminó de construir, ubicado en lote 2, manzana CS-12, Centro Sur, Boulevard Bernardo Quintana número 9791 C-Sur, en la ciudad de Querétaro.

La FGR argumentó que el 3 de julio de 2013 se llevó a cabo una asamblea por parte de Operadora de Inmuebles del Centro, en la que se acordó la transmisión de acciones; Aboites, titular de 50 por ciento de acciones, vendió a José de Jesús Alberto Cárdenas, mientras que Guevara, socio del otro 50 por ciento, vendió sus acciones a Fanny Gabriela Frías Cantú, nombrándose a Cárdenas administrador único de la empresa.

Sin embargo, a la asamblea no asistió Guevara, por lo que no otorgó su consentimiento para la venta de sus acciones ni nombró a Cárdenas para que administrara o vendiera sus bienes.

“Tampoco participaron José de Jesús Alberto Cárdenas ni Fanny Gabriela Frías Cantú; el primero no otorgó ningún poder notarial y la segunda no compró las acciones de Jesús Guevara, constituyendo todo lo anterior, una evidente simulación ilegal de actos”, dice la acusación.

El 28 de noviembre, un notario público con residencia en Nuevo León dio fe que aparentemente a Cárdenas se le otorgó poder para actos de administración. No obstante, ante el Ministerio Público Cárdenas dijo que no compareció ante esa notaría.

El 25 de marzo de 2015, José Antonio Vargas Hernández, a través de un poder notarial “espurio” que supuestamente le entregó Cárdenas, fingió haber vendido el inmueble de Querétaro a Libertad Servicios Financieros, de la cual era socio Juan Collado, “la cual falsamente compró” por medio de Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, por 156 millones de pesos, más la cantidad de 17 millones 222 mil 400 pesos por concepto de IVA, dinero que salió de los activos y cuentas de Libertad Servicios Financieros.

El dinero de la venta fue administrado por Tania Patricia, quien también transfirió la mayor parte de los recursos, sin justificación alguna, a empresas de José Antonio Rico, socio de Libertad Servicios Financieros.

Por Milenio

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