Marcela Loyola
Habitantes de comunidades indígenas de la Zona Huasteca se reunieron con diputados de la Comisión de Asuntos para expresar su inconformidad con la consulta indígena que esta próxima a realizarse, puesto que solo se contempla consultar a un 14 por ciento de la población.
El representante de las comunidades indígenas, Rogel del Rosal Valladares dijo que el motivo de la reunión era expresar su inconformidad porque no se estaba planteando una consulta verdadera, puesto que hay 417 comunidades indígenas y solo tienen 65 sedes, correspondiente al 14 por ciento, lo que no es representativo y no es lo que marca la Ley de Consulta Indígena.
Expuso que para que tenga validez un resultado de un proceso de consulta es necesario que se escuchen todas las voces, de todas las comunidades mediante sus asambleas comunitarias que deberían de ser 417 de pueblos náhuatl, mazahuas, triki, entre otros que se encuentran en 23 municipios del estado.
“Lo que se avanzó en la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado es que reconocieron que la consulta está integrada con serias deficiencias y hay disposición para poder corregir, y para ello vamos a tener una próxima reunión, se va a revisar la convocatoria para lograr que participen todas las comunidades en los procesos de asambleas, abrir el abanico para que se expresen todas las propuestas y no sólo se revisen las iniciativas que actualmente tienen los diputados”, dijo.
Del Rosal Valladares manifestó que además quieren que se consulten temas propuestos por las propias comunidades para dar solución a los problemas que actualmente los afectan y que sean considerados para diseñar nuevas leyes para la defensa del territorio, fracking, entre otras.
Dijo que además hay otros temas como la pobreza, “para poder superar esto porque hay trabas, que no son propiamente de modelo económico como el neoliberalismo sino que están relacionadas con la corrupción y malos manejos de recursos por parte de los presidentes municipales y otros funcionarios”.
Añadió que también es importante lograr que la comunidad realmente ejerza su autonomía para que tengan sus propios planes de trabajo y que se les apliquen recursos y que puedan tener representación indígena en el Congreso del Estado como ya lo aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.