La Auditoria Superior del Estado (ASE) tolera y fomenta una serie de anomalías que propician la corrupción en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el Organismo Intermunicipal del Agua, Interapas, y además será la única culpable de que un ex trabajador de Rioverde embargue ese ayuntamiento por más de dos mil millones de pesos, así lo advirtió Juan José Frías Aguilera, miembro de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especializados en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C.
Explicó lo anterior, señalando que la Comisión de Vigilancia que preside José Antonio Zapata Meráz, es un una burla para la ciudadanía, pues recientemente solicitó información relevante de la labor de fiscalización del poder legislativo, sin embargo sólo le contestaron 6 de los 27 asuntos que demandó y esto refleja que la ASE está encubriendo actos de corrupción en el Congreso del Estado y que Rocío Cervantes desconoce las leyes de rendición de cuentas ya que mucha de la información requerida era para demostrar que no tiene herramientas para sancionar a los 122 entes auditables ante la falta de documentos manuales de auditoría, de organización, guías de fiscalización, estatuto del servicio de fiscalización de carrera, entre otros.
“No sabe qué está haciendo, sin estos instrumentos no puede sancionar a los entes auditables, un buen abogado sacaría absuelto a cualquiera que cometa una irregularidad, lleva 20 meses ahí, con qué está trabajando, y entonces qué está haciendo, cómo y quién evalúa”.
Ejemplificó parte de sus dichos, apuntando que en el municipio de Rioverde se cobrará un embargo de dos mil millones de pesos, debido a que la ASE no ha sabido actuar en este asunto “el municipio quiere evadir su responsabilidad diciendo que son inembargables, no es cierto, porque su pasivo no lo tienen registrado ante la ASE y todo esto es por la falta de oficio técnico y de responsabilidad; en los estados financieros que presenta el municipio no vienen aplicadas las leyes de Contabilidad Gubernamental, ni la armonización de la Ley de Disciplina Financiera y esto es su responsabilidad porque debió advertir esto, al igual, existen otros casos patito que pueden salir absueltos por su culpa”.
También recordó las anomalías que hay en el Interapas en donde defienden a Ramón Farías Ortega, quien no cuenta con cedula, ni título profesional y que lo impiden a estar en el cargo como Director de Finanzas, al igual presentó una solicitud para que dé marcha atrás al nombramiento de Fernando Díaz Jiménez, quien hasta hace pocos meses era Director de Control y de Auditoria de la Contraloría General del Estado y que ahora está como un alto funcionario de Auditoria Superior del Estado.
“Un trabajo que él hizo estando en la Contraloría lo viene a revisar en la Auditoria, legalmente no puede, sí la auditora sigue persistiendo, estaremos hablando de otro hecho de corrupción e impunidad, de todo este cochinero es responsable la funcionaria y no hace nada para resarcir la situación, lo que la vuelve cómplice”.