El grupo técnico operativo y secretaria técnica de la consulta indígena a la que convocó el Congreso del Estado de San Luis Potosí, queremos hacer de su conocimiento las condiciones laborales en las que nos tiene desde el mes de enero el Congreso del Estado.
El 27 de enero de 2020 se realizó un evento en la sala Gómez Morín en el Congreso del Estado, para tomar protesta al grupo técnico operativo y secretaria técnica de la Consulta a pueblos y comunidades indígenas que llevaría a cabo dicha instancia, estando presentes las y los magistrados de la Comisión de Asuntos Indígenas del Poder Judicial, el director del INDEPI, la comisión de Asuntos Indígenas y el presidente del Congreso e invitados especiales de El Colegio de San Luis, A.C. e INPI Federal.
Una hora antes habían terminado otra sesión importante y que se mediatizó mucho donde se estableció el convenio de colaboración con las instancias mencionadas, así como con el CEEPAC y el Tribunal Electoral de San Luis Potosí. Todo esto daba inicio formal al proceso consultivo que haría por primera vez el Congreso del Estado con base en la Ley de Consulta para el Estado y municipios de San Luis Potosí.
Si bien desde el año pasado debieron dejar resuelto el asunto del presupuesto y la forma de liberarlo, así como establecido ciertas acciones para su desarrollo, fue hasta el mes de enero que empezaron preparativos para la consulta. Ya se tenía el presupuesto y se aseguró a la secretaria técnica que todo estaba listo, no habría problema con el recurso ni con los requisitos mínimos para comenzar el trabajo.
La intención del Presidente del Congreso, así como el interés de varios diputados, era, entre otras cosas, cumplir con la Sentencia del Tribunal Federal Electoral, para que las próximas elecciones de diputados y otros puestos de elección popular, pudieran llevarse con una Ley electoral inclusiva de los pueblos indígenas. Que contribuyera a cumplir con la llamada cuota indígena. El límite para aprobación de la ley es el 30 de mayo. Lo que ya no sucederá.
Ante esta situación y el compromiso del Presidente de la directiva del Congreso Martín Juárez Córdova y la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas Rosa Zúñiga Luna, se inició con el proceso para poder tener lista la convocatoria en tiempo y que se pudiera lograr lo mencionado en favor de los pueblos indígenas. La promesa del pago era que ya saldría en esa semana. Si bien hubo un apoyo económico para que los técnicos pudieran asistir a la toma de protesta, después de ahí se fue dificultando la situación. En adelante, la movilidad y papelería fue soportada por el grupo técnico y la secretaria técnica.
¿Qué estaba sucediendo? En primer lugar, la JUCOPO no había aprobado el presupuesto general, lo cual hizo hasta el 4 de febrero de 2020. De ahí parecía que todo sería más fácil. La cosa es que decidieran cómo pagar a los técnicos quienes no están dados de alta en hacienda, y hubiera sido más complicado para ellos darse de alta, y ajustarse a las normas del Estado, en lugar de que las normas del Estado se adecuaran a la situación sociocultural de las personas que viene de las comunidades indígenas. De lo que se desprendieron algunas propuestas.
Todo comenzó a complicarse más, la secretaria técnica avisó en varias ocasiones que ya no podrían seguir con las actividades, pues ya su propio recurso se había acabado y estaban pidiendo prestado para logar cumplir con el compromiso adquirido con las comunidades.
Para el 14 de febrero, día que se publicó la convocatoria en el periódico oficial, el grupo técnico y su secretaria, habían realizado una reunión con los directores de asuntos indígenas de los 24 municipios con población indígena y con algunos funcionarios más de esos Ayuntamientos.
De ahí, en conjunto con los directores de asuntos indígenas, se llevaron las Asambleas para la elección de sedes. Quedando como resultado 61 sedes de consulta directa y 3 foros regionales. Cuando la secretaria regresó el lunes 17 a la capital, pues se suponía ya le darían el dinero, se encontró con la sorpresa que aún no podían liberarlo. Ella aún más preocupada por dicha situación, les dijo que entonces tendrían que atrasar todo porque no había cómo sacar los juegos de convocatorias y material de análisis, que de por sí consistía en 19 iniciativas de ley. Lo que hacía que los juegos a entregar tuvieran aproximadamente 200 páginas cada uno, que se tenían que entregar al menos entre 1000 y 1500 autoridades/comunidades. Pero con convocatoria publicada habrían repercusiones legales si no se cumplía.
Cabe mencionar que, sólo en una ocasión más el Congreso del Estado les dio $5000.00 pesos (cinco mil pesos 00/100 m.n.) para gasolina, lo que alcanzó para movilización de un fin de semana en las dos camionetas que recientemente se le había proporcionado al grupo técnico operativo. Pues se tuvo que hacer recorridos a varias comunidades, algunas muy lejanas como las del municipio de Tamazunchale, para acordar cambios de fechas de reuniones que ya estaban agendadas. Después se les dio 11700 pesos para sacar los primero juegos de copias que se entregarían a las comunidades, las demás copias fueron pagadas por los técnicos, y las otras se le deben a un proveedor aún.
Hasta ahora fue el único aporte del Congreso, de lo demás, movilizaciones, papelería, alimentación y sueldos, no han sido pagado a los técnicos. Lo que ocasionó, entre otras: que el grupo técnico tuviera que frenar las entregas de convocatorias y material de análisis, quedando pendientes 9 de las 61, pues ya comenzábamos a tener problemas para llevar a cabo lo planeado; que el grupo se quedara sin dinero y endeudado, además, de haber dejado la oportunidad para acceder a otros trabajos por comprometerse a este. Cayendo en un desánimo muy fuerte, preocupación, estrés, rabia e impotencia porque además, el Congreso sólo ha demostrado que no quiere respetar el compromiso con el grupo, que son indolentes ante su situación, que son racistas al menospreciar y no respetar el esfuerzo y trabajo de las personas que en su mayoría vienen de poblaciones indígenas.
¿Por qué lo hacen? Lo hacen “porque pueden y quieren”, porque tienen poder, porque son los que pueden destituir, los que pueden no aprobar presupuestos, los que llaman a rendir cuentas, los que “hacen las leyes”, pero ¿quién los vigila a ellos, quién los hace cumplir, por qué no hacerles juicios políticos por violar leyes para pueblos indígenas y laborales?
Seguramente, también quedarán otros “políticos” tranquilos, al no quedar los tres distritos con mayoría indígena como distritos indígenas, por lo que podrán contender por las diputaciones ya planeadas. Pero, es aquí donde el CEEPAC tendrá que aplicar las acciones afirmativas, para que los pueblos indígenas tengan la representación que les corresponde, al menos, en el congreso estatal.
Los diputados han dejado desamparados a madres con hijos que no tienen otro sustento, jefes de familia, mujeres que aportan a toda su familia y que tienen familiares enfermos que precisan de cuidados especiales, jóvenes que también son un bastión económico familiar.
Al grupo técnico operativo y a la secretaria técnica, nos ha quedado claro que lo único que les importa a los diputados es que su imagen no se vea perjudicada, porque luego cómo podrán reelegirse como diputados o contender para otros puestos públicos, o que estén llevando la consulta personas que les puedan traer beneficios políticos, que ven a los pueblos como botín. Pero les informamos, que, al menos pueden tener la seguridad que con esto quedan mal con la población y sobre todo, con los pueblos indígenas.
El Covid 19 y las medidas de salubridad, les cayeron como anillo al dedo, pero lo único que hicieron fue: cancelar la consulta sin tomar las medidas adecuadas para ello, y seguir deslindándose de su obligación con todo el equipo de la consulta, incluyendo los traductores de la convocatoria (náhuatl, Tének, pame, triqui, mixteco y mazahua).
Pues les recordamos que la obligación sigue y les exigimos nuestro pago, el de los traductores y del proveedor de las copias. Que se reúnan en estas fechas las comisiones que se tengan que reunir para sacar nuestro pago, sueldo más viáticos como se acordó y está en el presupuesto establecido, y no sólo un pago raquítico que no cubra ni las deudas que ya tenemos; Que respeten a las comunidades indígenas y a sus integrantes; que den la importancia que deben a los procesos consultivos; que dejen de blindarse con favores políticos a quienes no representan en realidad a las comunidades; que dejen de poner pretextos sobre la entrega del trabajo realizado pues ya se les entregó en digital, las actas y demás papelería en físico y original se entregará cuando haya un acuerdo firmado y sellado de pago inmediato al recibir dichos documentos, pues es claro que nos quieren dejar en la indefensión.
Tenemos más cosas por decir sobre anomalías en el proceso, pero por ahora nos quedamos con esta parte: ¡Exigimos justicia indígena y justicia laboral!
GRUPO TÉCNICO OPERATIVO Y SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CONSULTA INDIGENA.