Durante la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha registrado 47 agresiones contra personal del sector salud en 22 estados de la República.
El personal de enfermería ha recibido el 80 por ciento de las agresiones y el 70 por ciento de las víctimas han sido mujeres. Según la Subsecretaría, Jalisco, con siete eventos, es la entidad donde más incidentes han ocurrido.
La tarde de este martes, la dependencia dio a conocer su informe Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, donde también añadió que han sido detenidas y vinculadas a proceso judicial las personas que participaron en tres agresiones distintas.
“El patrón común es rociar a la persona con algún líquido de limpieza (frecuentemente cloro), así como negar acceso a unidades de transporte público o comercios. Las más graves, aunque puntuales, incluyen amenazas de muerte, una de ellas con arma de fuego”, dijo la Subsecretaría.
De las agresiones registradas, 21 han sido contra personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estos casos específicos han ocurrido en Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango.
La Subsecretaría, a cargo de Alejandro Encinas, también alertó que se han presentado amenazas sobre daño a la infraestructura hospitalaria en algunas comunidades:
“Los pobladores, por miedo a contagios, se niegan a que los hospitales sean centros de atención COVID-19, pues parten de la idea de que serían para atención externa y niegan en todo momento la necesidad de atención en las propias comunidades”.
Hasta ahora ha habido cinco incidentes en los que sí se concretó un ataque contra las instalaciones de institutos desalud. Estos ocurrieron en Axochiapan, Morelos; Sabinas Hidalgo, Nuevo León; Tecamachalco, Puebla y Estado de México, y Los Reyes, Michoacán.
CORONAVIRUS
Restringen acceso a 340 municipios
Por otro lado, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que autoridades municipales y ciudadanos han restringido o controlado el acceso en 340 municipios de 15 estados de la República durante la contingencia por el coronavirus, lo cual constituye una violación al derecho de libre tránsito.
En su informe Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Subsecretaría indicó que estos 340 municipios, que sufren de estos actos de manera intermitente o temporal, equivalen al 20 por ciento de los que hay en total en el país.
El estado de Campeche destaca porque el acceso a todas sus 11 localidades quedó restringido o controlado. En la misma situación se encuentra el 80 por ciento de los municipios de Guerrero; el 36 por ciento de Veracruz, y el 25 por ciento de Oaxaca.
La Subsecretaría también criticó que, hasta el 22 de abril, en 31 municipios de 11 estados se ha implementado un “mal llamado ‘toque de queda'”. Las entidades donde ocurrió esto son Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.
“Los retenes, cierre de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al libre tránsito. Los estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General, por ejemplo, para establecer cordones sanitarios”, señaló la Subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas.
SUN