En los próximos días, se cumplirán los tres meses fijados por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para la evaluación de las medidas otorgadas a la familia de Karla Pontigo Lucciotto, joven víctima de feminicidio en San Luis Potosí en el 2012, segundo caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sienta precedentes para todas las víctimas de feminicidio en México.
A pesar de que el 28 de enero de 2020, el Mecanismo dictó medidas de protección adicionales para la familia de Karla, a la fecha siguen sin cumplirse a cabalidad. El plan de protección aprobado a inicios de año, fue notificado a la Secretaría de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a cargo de Alejandro Leal Tovías, mediante un oficio con fecha del 9 de febrero 2020.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a cargo de Jaime Ernesto Pineda Arteaga, tampoco ha hecho caso del requerimiento de medidas de protección por parte del Ministerio Público, a raíz de la agresión sufrida por Pedro Pontigo Lucciotto, hermano de Karla, el pasado 13 de mayo de 2020.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, representante y acompañante de la familia Lucciotto, ha realizado distintas gestiones ante la Secretaría de Gobierno del Estado de San Luis y ante el propio Mecanismo de protección, para que se pudiera llevar a cabo una reunión entre el Mecanismo, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, las víctimas y sus representantes y organizaciones acompañantes, y así poder avanzar en la implementación de las medidas requeridas tanto por el Mecanismo de Protección como por la Titular de la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en materia de género, en la investigación, persecución, litigación y concentración de asuntos relacionados con muertes violentas de mujeres y feminicidios, encargada de la nueva investigación del caso de Karla Pontigo y hechos relacionados.
Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible contar con la disposición de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública local, para tratar el tema y consensuar acciones, por lo que la defensa de la familia Lucciotto emprenderá las acciones legales correspondientes.
Preocupa la desprotección de las víctimas y preocupa la falta de voluntad estatal. La Fiscalía del Estado ha avanzado en la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de la Suprema Corte de Justicia aunque algunos temas están todavía pendientes. Junto con ella, la Secretaría de Seguridad Pública y el Mecanismo de protección, tienen la responsabilidad de garantizar la integridad de la familia Lucciotto, en un contexto de aumento de riesgo a partir de la sentencia emitida por la Corte el 13 de noviembre 2019.
Instamos a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, a que cumplan con sus obligaciones y colaboren con las instancias locales y federales competentes para requerir las medidas de prevención que el caso amerita.
Karla fue víctima de una de las formas más graves de violencia contra las mujeres: el feminicidio. Su familia no puede ni debe sufrir ningún riesgo por su búsqueda de justicia. Las agresiones sufridas por uno de los integrantes de la familia deben ser investigadas y la Fiscalía debe determinar si están vinculadas con su búsqueda de justicia. Estar en época de pandemia no debe ser utilizado como pretexto para no brindar la protección que las víctimas requieren en su integridad y vida.