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Mesa Revuelta/La nueva normalidad

[Javier Padrón]

Con 947 casos de COVID-19 y 58 defunciones, llegamos a la nueva normalidad que ha sido entendida como el regreso generalizado de las actividades económicas y sociales, olvidando los pasos graduales y las medidas preventivas, el riesgo de un mayor contagio es advertido por las autoridades.

De cualquier manera, San Luis Potosí no se destacó durante en la Jornada Nacional de Sana Distancia por acatar el encierro social y la suspensión de las actividades no esenciales, los exhortos oficiales no tuvieron el eco esperado y aún así las cifras de contagios no son altas en la tabla nacional.

La movilidad con el semáforo en rojo la marcó el retorno de las giras presidenciales con el banderazo del Tren Maya en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, a la par de la nueva normalidad, y ha provocado la censura de la oposición que ha apostado al fracaso del gobierno en el combate de la pandemia; y el sector privado está de plácemes al levantar las cortinas de los negocios, la parálisis económica va quedando atrás.

OTRA DENUNCIA CONTRA “GABO”

El caso del joven empresario Gabriel Alan Salazar Cano sigue creciendo en la agenda de riesgos de la Secretaría de Salud, recién fue denunciado por la presunta falsificación de una póliza para simular el pago al IMSS de las cuotas patronales de una de las empresas que facturó a la dependencia estatal.

Este domingo “Gabo” mandó un boletín de prensa y un video en Instagram para desmentir la noticia de que el sábado había sufrido un accidente en uno de sus flamantes vehículos en la carretera 57 para fingir su muerte, hecho que sí ocurrió hace dos meses, salió ileso y no conducía ebrio, es abstemio, aseguró.

Se quejó con dureza de los medios que difundieron la “fake news” y los enumeró por su nombre, se dijo muy lastimado por el amarillismo y dejó entrever acciones legales en su contra por las vías civil y penal, “les voy a dar una lección en su vida, detengan la guerra sucia”.

Convertido en la pieza clave para desentrañar la sospecha de corrupción en el entorno de la secretaria Mónica Liliana Rangel, “Gabo” se hace la víctima y sigue sin referirse a ella ni a la dependencia, tampoco de la relación con el torancismo, todo es mala fe y golpeteo político.

En el Congreso del Estado piensan de otra manera, la Comisión de Vigilancia acordó solicitar a la ASE una auditoría especial del 2018 al 2020 por los diversos señalamientos “en contra de empresas que le han proporcionado bienes y servicios, en los que se presumen precios, adjudicaciones y contratos irregulares”.

Ya se ha documentado que también facturó a diputados de la pasada legislatura, solo falta que haya sido proveedor del Poder Judicial del Estado que encabezó Juan Paulo Almazán Cue.

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