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Avanza en la Comisión de Justicia la Ley Orgánica del Tribunal Electoral

Marcela Loyola

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado, aprobó expedir la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, pese a las observaciones realizadas por la diputada Marite Hernández Correa de que el artículo 367 era inconstitucional.

La diputada Sonia Mendoza Díaz, presentó esta iniciativa con el fin de dotar de certeza jurídica al Tribunal Electoral del Estado frente a sus funciones y administración para la consolidación de su desempeño como órgano jurisdiccional, y de esta manera contribuir a la solución que actualmente le rige, en cuanto al tema de una mejor impartición de justicia, condiciones de seguridad para los juzgadores y así como actualizar lo referente al marco normativo frente a la prevención de los posibles actos de corrupción que pudieran llegar a ocurrir.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Marite Hernández, advirtió que en el artículo 37 se contempla un retiro laboral consistente en un año de salario, lo cual es inconstitucional y sólo se le debería de dotar con lo que ya marca la Ley.

“Además de ser inconstitucional porque no se contempla en el artículo 32 de la Constitución Local, relativo al Tribunal Electoral, excede las disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado en materia de Remuneraciones, donde ya se establecen las bases para determinar las remuneraciones de los servidores públicos que presten servicios en cualquier institución pública, y define remuneración o retribución de otra manera”, dijo.

Agregó que la remuneración o retribución, es toda percepción en efectivo o en especie que reciban los servidores públicos a cambio del servicio prestado, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo; los gastos de viaje en actividades oficiales; y los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

En la reunión de la comisión Hernández Correa pidió reservar el artículo 37 pero fue rechazado por mayoría y se aprobó el dictamen, el cual será votado la próxima semana en el Pleno del Congreso del Estado.

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