El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), especialistas y las secretarias de Economía y del Trabajo coincidieron en la necesidad de vigilar la correcta aplicación de las leyes laborales y la legitimación de los contratos colectivos de trabajo en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Durante su participación en el taller “Mecanismos laborales y colaboración con el Gobierno“, indicaron que los esfuerzos públicos y privados fortalecerán al país, lo que provocará que los trabajadores sean más productivos y competitivos.
México está acometiendo una reforma laboral por fases que, según los planes del Ejecutivo, estará completamente operativa en 2022 para adaptarse a esas normativas.
Según aclaró la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, la primera etapa va en tiempo pese a algunos retrasos en los procesos que involucran a los sindicatos provocados por la pandemia de COVID-19.
“Que ustedes tengan la certeza que la primera etapa del modelo laboral empieza a trabajar este año como se planeó”, aseguró Alcalde en la mesa de trabajo organizada por el CCE.
Agregó que hay que asegurar “que el sindicato haya modificado sus estatutos, que introduzca los nuevos derechos y obligaciones. Que nos haya inferencia en la vida interna de los sindicatos, ni tenerle miedo no estorbar los procedimientos de recuentos”.
Juan Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador “que nuestros sindicatos, nuestros secretarios de Estado, la academia, la iniciativa privada estemos juntos en una mesa”.
Por su parte, José Manuel López, presidente de la Concanaco, indicó que “el reto después de la pandemia es lograr los crecimientos en el menor tiempo posible y alcanzar los niveles de desarrollo que esta contingencia ha venido a interrumpir y a trastocar”.
Paralelamente, empresarios y gobierno coincidieron en la necesidad de establecer una estrategia preventiva y anticiparse a las posibles demandas de Canadá o Estados Unidos, un país que ya ha empezado a crear comités para solucionar controversias laborales.
“Lo que queremos es saber qué hacer para no llegar a esa demanda, y también que tengan la seguridad que hemos estado trabajando con nuestras contrapartes para también tener una relación de comunicación y entendimiento”, explicó la secretaria de Economía, Graciela Márquez.
La nueva alianza comercial obliga a asegurar la libertad de asociación y de negociación colectiva, a la eliminación del trabajo forzoso, a la abolición del trabajo infantil y a dotar a los trabajadores de condiciones laborales aceptables en cuanto a salario, horas de trabajo, seguridad y salud.
El T-MEC contempla dos mecanismos de respuesta a las posibles controversias, uno estándar entre Gobiernos y un novedoso Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) que es de aplicación directa de un gobierno a una planta o conjunto de plantas, que solo podrá actuar en materia sindical y podrá sancionar en menos de seis meses.
Las sanciones por violaciones laborales pueden ser comerciales e incluso implicar embargos de mercancías si son repetidas, algo inédito hasta el momento en comercio internacional.
Con información de López-Dóriga Digital.