Marcela Loyola
El vocero de la organización Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias afirmó que todas las investigaciones que realizan están sustentadas con solicitudes de información y entrevistas presenciales, por lo que rechazó que sean calumnias las denuncias que han hecho en contra de la Secretaría de Salud y su relación con empresas del presidente del grupo Infinitum, Gabriel Salazar Soto.
Expuso que a través de una solicitud de información se consiguieron los nombres de las empresas ligadas a Gabriel Salazar Soto que son proveedoras de los Servicios de Salud del Estado, y con dichos datos se localizaron los domicilios donde se corroboró que no se encuentran dichas empresas.
Indicó que en esos domicilios se entrevistaron con algunas personas que aparecen como dueños o representantes de las empresas como es el caso de Claudia Lucia Pérez Rodríguez, quien rechazó cualquier vínculo con dichas empresas y Gabriel Salazar, y aseguró que su identidad fue robada.
Guadalupe González manifestó que en la dirección 10 de mayo número 265, se detectaron tres domicilios de tres empresas ligas a Gabriel Salazar, y la gente aseguró que no está ni registrada a Hacienda, no saben porque se depositaban facturas a su nombre.
Abundó que en estas empresas aparecen los nombres de Sandra Fabiola Camarillo, quien recibió 1 millón 700 mil pesos por supuestos mensajes masivos y de Raymundo Guerrero Rangel 4.2 millones de pesos por otros servicios, y dichas personas niegan que realmente el recurso les haya llegado.
“Es mucho el prestigio que tiene Ciudadanos Observando como agrupación porque presentan pruebas, aquí están las evidencias de todos los lugares que fuimos visitar, quienes nos recibieron, que nos dijeron, aquí están las firmas alteradas y dice que no es perito, por eso no estamos denunciando con él”, sentención.
El activista señaló que Gabriel Salazar fue un vehículo, “un ancla, donde está el problema es en la Secretaría de Salud, ahí se generó este problema, solo utilizaron el grupo de empresas de este señor. Con 175 millones de pesos se hubieran podido salvar muchas vidas y esto se dio porque la Secretaría de Salud le permitió operar”.