José Filomeno dos Santos, hijo del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos, fue condenado el viernes a cinco años de prisión por “fraude” y se convirtió así en la primera personalidad del antiguo régimen castigada por corrupción.
Después de que José Eduardo dos Santos abandonó el cargo en 2017, tras 38 años en el poder, su sucesor Joao Lourenço despidió a todos los familiares que el expresidente había colocado al frente de instituciones, empresas públicas y cuerpos de seguridad del país, el segundo productor de petróleo del África subsahariana.
Director de un fondo soberano angoleño entre 2013 y 2018, José Filomeno dos Santos estaba acusado, junto a sus tres cómplices, de haber transferido ilegalmente 500 millones de dólares del Banco Central a una cuenta bancaria en Londres de una agencia de crédito suiza, en un fraude que les habría permitido, según la fiscalía desviar un total de 1.500 millones de dólares.
Por el cargo de fraude y el de tráfico de influencias, el imputado es condenado a una pena de cinco años de prisión”, anunció el juez Joao da Cruz Pitra, del Tribunal Supremo de Luanda.
En junio, la fiscalía solicitó siete años de prisión para él y otro acusado y diez años para los otros dos acusados, entre ellos el exjefe del Banco Central, Valter Filipe da Silva.
Los tres presuntos cómplices de José Filomeno dos Santos, de 42 años, fueron condenados finalmente a penas de entre cinco y ocho años de prisión.
Los cuatro hombres fueron absueltos del cargo de blanqueo de capital.
Los abogados de Dos Santos comunicaron que apelarán la sentencia y afirmaron que no existen pruebas de que su cliente haya desviado fondos a sus cuentas personales.
José Filomeno dos Santos fue junto a su hermanastra Isabel, apartado de la presidencia de la compañía petrolera nacional, la Sonangol, en una de las imágenes más claras de la “limpieza” llevada a cabo por el sucesor de su padre.
En febrero, Angola congeló todos los fondos de Isabel dos Santos, considerada la mujer más rica de África por la revista Forbes en 2013, y apodada la “princesa”, que posee importantes participaciones en el sector de las telecomunicaciones (Unitel, operador principal de Angola y el gigante Nos, en Portugal) y bancario (BIC en Angola y PBI en Portugal).
La mujer desmintió estas acusaciones y denunció una “ausencia de justicia” en la causa abierta contra ella en Angola por corrupción y desvío de fondos públicos por un valor de hasta 5.000 millones de dólares.
Fuente: AFP