Una mujer, madre de una niña víctima de abuso sexual en Rioverde, se amarró a una silla dentro de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Marcela asistió junto con un grupo de al menos 15 personas a una reunión con la ombudsman Rosario Piedra Ibarra. Durante la conversación la mujer exigió justicia para su hija, quien en 2017, con cinco años de edad, fue víctima de abuso sexual al interior del colegio al que asistía.
Al no obtener una solución a sus exigencias, los asistentes se negaron en un primer momento a salir del inmueble al finalizar la reunión y Marcela se amarró a una de las sillas.
La mujer sentenció que ya se cansó de tener que interponer denuncia tras denuncia y que a pesar de todo las responsables del abuso sexual contra su hija sigan libres.
Ya me cansé, mi niña. Es una niña la que merece ser defendida por los Derechos Humanos, pero no, todo un Estado le ha pisoteado sus derechos. Ha hecho con ella lo que quiere”, denunció.
Aseguró que lo que desea es que la responsable sea encarcelada y criticó que las implicadas no hayan sido vinculadas a proceso porque su hija no dio fecha y hora de cuando fue abusada sexualmente.
El caso de esta menor se remonta a 2017 cuando con 5 años de edad fue abusada sexualmente por las profesoras y psicóloga del colegio Luis Gonzaga Urbina, ubicado en Rioverde, San Luis Potosí.
De acuerdo con un fragmento de la denuncia presentada por su madre, la tarde del 8 de marzo de tal año la pequeña le narró que fue golpeada por su maestra.
La niña indicó que los golpes que recibió fueron en los senos, estómago y en sus partes íntimas. “Fue con el dedo en ambas partes, por delante y por atrás, introduciendo el dedo”, detalla el relato.
Relatos periodísticos indican que María de Teresa de Jesús e Ivette del Carmen. fueron identificadas como presuntas implicadas, de las cuales solo María de Teresa de Jesús fue procesada.
No obstante fue liberada un año y ocho meses después por tres jueces, quienes resolvieron que las pruebas en su contra “no estaban claras“, aunque existía un dictamen médico y psicológico que acreditaba la violación.
En la CNDH le recomendaron a la madre de la víctima que se regresará a San Luis Potosí y que interpusiera de nuevo la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Con información de López-Dóriga y agencias