A pesar de obstáculos que se han presentado para la integración de las carpetas de investigación, tanto en la instancia de procuración de justicia Estatal como Federal, las denuncias contra diversos ex funcionarios municipales siguen vivas y avanzan, porque la actual Administración Municipal ha aportado las pruebas para acreditar que deben ser considerados como delitos, los hechos plasmados en cada una de las denuncias.
Tal es el caso de la denuncia que se presentó el 07 de marzo de 2019, ante la Delegación de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí, en contra de ex funcionarios de la pasada administración que omitieron el pago de Impuestos Sobre el Producto del Trabajo (ISPT), también conocido como Impuesto Sobre la Renta (ISR), pese a que le fueron descontados a los trabajadores durante los años 2017 y 2018.
A pesar de que el Ministerio Público de la Federación argumentó que el ayuntamiento no había sufrido ningún daño patrimonial, como resultado de una impugnación el Juez de Control le otorgó la razón al Gobierno Capitalino, al referir que era evidente que el erario público sí había sufrido un daño en su patrimonio, ya que por no haberse pagado, actualmente el municipio tiene que cubrir ese adeudo.
Una vez reconocida la calidad de víctima y al pretender aportar datos de prueba para acreditar el daño patrimonial, el Ministerio Público notificó el “no ejercicio de la acción penal”, que significaba el archivo de la investigación, por lo que nuevamente se impugnó ante el Juez de Control, quien revocó la decisión al considerar que se debía profundizar en la investigación y dar la oportunidad al municipio de aportar las pruebas para acreditar el detrimento patrimonial sufrido por no haber pagado los impuestos que ya había descontado a los trabajadores.
Los ex funcionarios municipales involucrados han interpuesto amparos con la clara intención de evitar que la instancia de Procuración de Justicia Federal haga su trabajo y continúe con las investigaciones hasta las últimas consecuencias.
El monto de la retención del impuesto a los trabajadores, que no fue pagado, pero gastado en otros fines, asciende a $ 99,917,684.38 (noventa y nueve millones novecientos diecisiete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos), por el periodo de enero a diciembre de 2017; además de $ 61,487,864.98 (sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro pesos) de enero a septiembre de 2018; por lo que el total a pagar es de $ 161,405,549.36 (ciento sesenta y un millones cuatrocientos cinco mil quinientos cuarenta y nueve mil pesos).
Desde la óptica del ayuntamiento, el no haber pagado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el impuesto referido, constituye una conducta de defraudación fiscal, al hacer las retenciones a los trabajadores y no realizar el pago correspondiente a la dependencia federal; además de que podría caber el delito de peculado al utilizar el dinero para un fin diferente.
Ante las conductas delictivas mencionadas, la presente Administración Municipal, refrenda su compromiso al pueblo potosino de darle puntual seguimiento a todas y cada una de las denuncias que han sido presentadas y lograr un castigo ejemplar a aquellos funcionarios públicos que tanto daño causaron a las arcas municipales y a la sociedad potosina.