El Grupo Técnico Operativo que se encargaría de realizar la consulta indígena para la reforma electoral denunció en un boletín de prensa que fueron saboteados desde antes de la pandemia, por lo que exigen el pago de sus servicios y señalaron que los diputados son responsables y deben ser sancionados.
El Grupo Técnico Operativo (GTO) encargado de realizar la Consulta Estatal Indígena, que entre otras cosas serviría para fundamentar la Reforma Electoral de San Luis Potosí, declaramos con relación a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la declaración de inconstitucionalidad de la reforma Electoral aprobada el 30 de junio pasado y en nuestra calidad de primeros defraudados y afectados por las acciones irresponsables del Congreso del Estado, a 4 meses de haber iniciado un proceso de amparo contra el Congreso del Estado y otros (29 de mayo, amparo 326/2020), lo siguiente:
Que también han sido violados nuestros derechos humanos e indígenas pues la Consulta fue suspendida y saboteada mucho antes de que apareciera la COVID-19 (lo prueban nuestros diversos escritos entregados al Legislativo y el audio de la última reunión pública que tuvimos con ellos el 4 marzo). Por ello, exigimos justicia, que se nos pague, que se deslinden responsabilidades y que se castigue a los legisladores principalmente involucrados, que claramente son una continuidad de la ecuación corrupta. Si se sigue sin investigar ni sancionar, la corrupción seguirá enquistada y los asesores serán sus portadores. ¡No a la impunidad!
Celebramos y respaldamos la decisión del Partido del Trabajo para formular la acción de inconstitucionalidad, cuyo resultado da nuevas luces en un momento en que parecía que todos los partidos y legisladores compartían esta posición de regresarnos a los cacicazgos históricos y a los tiempos del imperio colonial.
En primer término, debemos dejar muy claro que se ha pretendido usar la pandemia como un pretexto para ocultar la verdad y justificar que no se hiciera la Consulta, pero hay que tomar en cuenta que en 10 años de existencia de la ley de consulta indígena, el Congreso nunca la ha ejecutado. Además, que la sentencia del tribunal federal electoral sobre la cuota indígena existe desde el 2018, temas que no desconocían los diputados. Doble razón para que, desde que entró esta legislatura, hubieran realizado el proceso consultivo y no al último momento, lo que también causó que se saturara de información la consulta. Situaciones que señalamos en escritos de los que tenemos acuse de recibo y que jamás nos contestaron, dejando en claro que siempre quisieron evadir la obligación de la consulta y con nosotros que no estábamos a modo de los legisladores.
Desde enero, comenzamos un trabajo operativo extenuante para cumplir cada paso de la ley de consulta indígena, en compromiso con las comunidades, dejando trabajos y otras oportunidades de empleo. Acordamos con las asambleas comunitarias fechas y términos para realizar las diversas etapas de la Consulta (quien diga que se impusieron sedes, ha de creer que las comunidades son tontas y que fácilmente se les puede imponer, pero las actas y la elección de 61 sedes demuestran que se respetó la decisión de las comunidades, nunca ha habido una consulta con tantas sedes). Una de las pruebas es la Convocatoria publicada en el periódico oficial del estado el 14 de febrero de 2020.
Fue a inicios de marzo, cuando intentábamos terminar el paso 7 de los 13 de la ley de consulta, es decir, las Asambleas para entrega de convocatoria y material de análisis, en que la crisis que vivía el GTO estaba en su apogeo porque el Legislativo jamás entregó el dinero del presupuesto entregado por el ejecutivo y autorizado por la JUCOPO el 4 de febrero (cuatro millones trescientos mil pesos), que nos salieron con que estaban viendo cómo nos iban a pagar, cuando nos aseguraron desde el inicio que eso ya estaba arreglado. Mientras, ya con el compromiso hecho con las comunidades, financiamos con nuestros recursos la consulta, hasta pagamos a 3 de los 7 traductores de la convocatoria. Y nos dimos cuenta, que lo que buscaban con esa retención del dinero y ya con el trabajo que habíamos realizado hasta el momento, era ver cómo metían a sus recomendados y cómo destinaban moches para sus asesores consentidos.
Paralelamente, varios partidos, abiertamente un pre candidato de El PAN, cuestionaban dar “tanto” a los indígenas. Desde ahí empezó a notarse y a oler el racismo y la descomposición política del Congreso y, teniendo todo listo, no nos pagaron y, al no haber modo de moverse, suspendieron el proceso consultivo que estaba en su punto e impidieron la consulta. Eso se llama sabotaje y lo que son las cosas, la reina del sabotaje fue la presidenta de Asuntos Indígenas de Morena, aconsejada por el asesor de la Comisión de Asuntos Indígenas, ¿Quién lo iba a pensar?
Nosotros intentamos por medio de diversos escritos evidenciar toda la podredumbre (acuses de recibo que se encuentran en el juzgado cuarto de distrito), así como la urgencia de ya contar con el recurso porque esto se desmoronaba, y fue fatal darnos cuenta que todos los diputados estaban de acuerdo en esconder y disfrazar esto.
Entonces, también apareció el trío de auto dirigentes (personajes que siempre intentan manipular e imponer en las comunidades para usarlos en sus objetivos políticos), donde comanda el “mañas”, un ex funcionario federal de la extinta CDI (por cierto, antes atacaba al Congreso y ahora lo exculpa intentando desviar la atención a otro órgano, ¿Por qué será?) a dos de ellos, el presidente del Congreso, “asesorado” por Ulises Arista, les abrió sus puertas un 4 de marzo y muy comprensivo les ofreció hueso: integrarse al grupo técnico de la Consulta a cambio de que no intentaran algún amparo (pobres la 4ª no los tomó en cuenta y desde entonces andan sin hueso, o como dicen en el campo: Esos “líderes” quieren maíz).
De hecho, entonces, como lo evidencian las posiciones y declaraciones de los legisladores, se combinaron con la intención de impedir el ejercicio de la auto adscripción indígena calificada, misma que permitiría asegurar espacios municipales y distritales en beneficio de candidatos indígenas, quienes contarían por ley con la primacía.
También ocurrió que los legisladores seguramente pensaron que si de todo le echaban la culpa a la COVID, no habría problema ya que los “indios” no se saben defender y, al mismo tiempo, a diferencia de otras dependencias, lo que no se gasta en el año se lo reparten alegremente al final y pues muchos compromisos han de tener. Señalamos que el 18 de marzo entregaron de manera repentina a la secretaria técnica, un oficio diciendo que se suspendía la consulta por la pandemia y que supuestamente se habían puesto de acuerdo con las autoridades, lo cual no fue verdad, pues nosotros tuvimos que estar enterando a las autoridades por nuestros medios o ellos mismos nos llamaban, porque ni de la XEANT la voz de la Huastecas pudimos echar mano, pues parece que el Congreso les hizo una llamada para bloquear cualquier anuncio que quisiéramos hacer, cuando la radio debe ser de uso comunitario. Además, dicho oficio fue usado para justificarse con la comisión especial para la reforma electoral, y que ellos la pudieran utilizar para deslindarse de las reformas vinculadas a los pueblos indígenas.
Y como al INPI no se le ha visto muy activo y como los liderazgos tradicionales se calman con un huesito, y como la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ve ni oye nada (en donde metimos queja el 30 de marzo, de la cual recibimos un correo hasta el 7 de septiembre donde apenas nos avisan que analizarán si hay violaciones a nuestros derechos, pero el 1 de junio ya habíamos pedido además medidas precautorias, las cuales nunca aplicaron por lo que el 22 de septiembre, petición que anexamos, los acusamos de ser cómplices y violadores de derechos y exigimos las medidas precautorias, y seguimos sin respuestas), pensaron entonces los diputados que los “indios” se pueden esperar otros seis años y no pasa nada, pues no hay quien los defienda.
De fondo el clasismo y racismo en la actuación es evidente: Se equivocaron y por ello la resolución de la corte es clara y atinada. ¿No le tocaría a la CNDH hacer algo?
Cabe mencionar, como expusimos en nuestro amparo, que la corte interamericana de derechos humanos ya había emitido recomendaciones que México debe cumplir como:
“El deber de respetar los derechos humanos comprende la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal, es decir, requiere que cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público se abstenga de violar los derechos humanos.”
“Asegurar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos, incluidos los DESCA, en el contexto de las pandemias y sus consecuencias, incluyendo abusos por parte de actores privados y actos de corrupción o captura del Estado en perjuicio de los derechos humanos.”1
1 Comisión interamericana de derechos humanos y Organización de estados americanos. (2020) La pandemia y derechos humanos en las américas.
2 Comisión interamericana de derechos humanos y Organización de estados americanos (2020). Resolución 1/2020, sobre pandemia y derechos humanos.
También emitió recomendaciones para Grupos en especial situación de vulnerabilidad
Pueblos indígenas
- Abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) dispuestos en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia. 2
Hacemos un llamado a que ya ninguna instancia pública o sector privado, violen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta. Como GTO con experiencia en consultas indígenas, como mayoría indígena, así como en conocimiento de la ley de consulta, señalamos que el legislativo tiene la obligación de hacer una consulta indígena en cada comienzo de trienio, y que de las propuestas y exigencias de las comunidades indígenas debe partir para realizar iniciativas de ley y ponerlas a consideración de las comunidades.
También hacemos un respetuoso llamado al juez cuarto de distrito en el estado Dante Orlando Carrizales Delgado, a que en congruencia con la decisión de la SCJN y en respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, que en esta época de pandemia debe ejercerse con más fuerza, a que se nos haga justicia.
INTEGRANTES DEL GRUPO TÉCNICO OPERATIVO DE LA CONSULTA INDÍGENA DEL CONGRESO DEL ESTADO