Marcela Loyola
Un grupo de policías jubilados y pensionados se manifestó en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí durante el desarrollo de la comparecencia de la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, ante el Congreso del Estado para la glosa del Quinto Informe del gobernador Juan Manuel Carreras López, donde exigieron a los diputados que les garanticen la seguridad social.
El líder de los quejosos, Jesús Luévano Rivera señaló que la protesta es para exigirles a los diputados que les garanticen el derecho a la seguridad social, “nos rechazaron una iniciativa de ley que propusimos nosotros como ciudadanos, la cual garantizaba el marco de prestaciones sociales y económicas”.
Indicó que se desechó la iniciativa de forma infundada, “hasta ofende la forma en que se desechó, dicen que no da certeza jurídica, precisamente para eso era para dar certeza jurídica a los que están trabajando al servicio del estado, acaba de fallecer un compañero que no tenía seguridad social, y por eso falleció, falleció en el Hospital Central sin nada, sin garantizarle absolutamente nada, un policía que sirvió durante 30 años, cómo puede ser posible que lo traten así”.
Agregó que los diputados deben de ponerse a trabajar, “lejos de andar cuestionando a la mejor secretaria del gabinete estatal, a la mejor secretaria la están señalando injustamente por una cuestión política y es la única que está dando la cara, la quieren utilizar para poder sacar una tajada política, por intereses políticos, ya basta a los diputados que solo legislan para sus intereses”.
Jesús Luévano manifestó que sólo buscan tener un marco de prestaciones sociales, pero con el argumento de que no tenían un estudio de impacto económico la desecharon, “yo soy un ciudadano, apoco me tiene que costar a mí para crear una ley, por eso venimos a que nos den cuentas los diputados del trabajo que están haciendo”.
Lamentó que la actual Legislatura no respete los derechos humanos de los ciudadanos y por esa razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), les invalidó la Ley Electoral, por no hacer bien su trabajo.