En un boletín de prensa se recordó que hace ocho años, Esperanza Lucciotto sufrió la pérdida más grande que puede sufrir una mujer, la de un hijo o hija. Karla fue víctima de feminicidio. Como si ese dolor no fuera suficiente, inició para Esperanza un calvario que la llevó a darse cuenta que la justicia no estaba de su lado, fue obligada a aceptar la donación de órganos de su hija para que se iniciaran las investigaciones, vivió una serie de negligencias como la manipulación y alteración de la investigación, la obstaculización de su participación en la aportación de pruebas por parte del personal ministerial, pericial y policial, así como la pérdida o contaminación deliberada de pruebas vitales para la investigación.
Pese a las múltiples evidencias de muerte violenta y feminicida que Karla presentaba, a Esperanza le dijeron que su hija había muerto al estrellarse contra una puerta de cristal.
El amor materno de Esperanza, la indignación y el coraje, la hicieron emprender una lucha inacabada pero que ya ha dejado huellas imborrables y efectos trascendentales. La sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace casi un año, vino a confirmar que la hipótesis del accidente es insostenible, que la investigación fue irregular y tendenciosa, y que la familia de Karla rechazada por un aparato de justicia unido en su contra.
La sentencia de la SCJN planteó un nuevo escenario para el caso de Karla y para todas las mujeres víctimas de feminicidios, en San Luis Potosí y en México. Si bien las sentencias de la Suprema Corte en casos como los de Karla Pontigo y el de Mariana Lima dejaron en claro que las investigaciones de muertes violentas de mujeres deben hacerse siempre con perspectiva de género, la resolución del caso de Karla suma un elemento crucial, que es la necesidad de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos que crearon las condiciones de impunidad, de abajo hacia arriba. Esta sentencia crea una nueva teoría en el derecho mexicano sobre la responsabilidad en la cadena de mando al interior de la Fiscalía, en servicios periciales e intervención policial.
La familia de Karla y las organizaciones que la acompañamos celebramos que en este año 2020, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la SCJN, se creó una Unidad Especializada en la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, para la investigación de muertes violentas de mujeres, el nombramiento de una Fiscal especial y a un equipo que se encuentra actualmente a cargo de la investigación de la muerte de Karla; la tarea de esta Unidad Especializada creada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, y de su titular, es muy grande.
Para que se cumpla verdaderamente la sentencia del máximo tribunal, se requiere crear y desarrollar condiciones a la altura de la encomienda: voluntad política sin reserva, condiciones y recursos materiales institucionales, un equipo de investigación técnicamente capacitado y conocedor del tema de violencia de género, acceso a la información, colaboración interinstitucional, participación activa y segura de las víctimas y sus representantes.
La Fiscalía ha sentado bases para el desarrollo de las investigaciones pero tendrá que seguir garantizando las condiciones de seguridad, autonomía, libertad de actuación, así como los recursos materiales y económicos necesarios, a lo largo del proceso, y no sólo en la investigación del feminicidio de Karla, sino también, en la que se seguirá contra las autoridades responsables, en términos de la sentencia de la Suprema Corte, y en términos de la Recomendación 55/2015 de la CNDH.
Preocupa la falta de cumplimiento de las medidas de protección para la familia por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, a quien se le han solicitado en múltiples ocasiones las medidas de forma integral, ninguna madre que busca la justicia por el feminicidio de su hija, ni su familia, deben estar en peligro. Desde aquí se le hace un llamado al Gobernador del Estado para que ordene al Secretario de Seguridad la protección integral de la familia y garantice que cuente con los recursos necesarios para que la familia logre la justicia y la reparación integral.
La situación actual del caso también plantea retos importantes para las autoridades municipales y estatales de San Luis Potosí, así como para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: llevar a cabo la reparación integral del daño, lo cual implica sancionar a los responsables, generar condiciones para que los hechos no se repitan y que la Fiscalía de San Luis Potosí cuente con las condiciones y procedimientos adecuados para investigar casos de feminicidio. El proceso de reparación simbólica impulsado por la Instancia de las Mujeres del municipio de San Luis Potosí, en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en varios municipios del Estado, es un paso relevante para el reconocimiento de lo ocurrido, para la memoria de Karla y de todas las víctimas de feminicidio en el Estado. Sin embargo, no sustituye el proceso formal de reparación integral del daño que tendrán que formalizarse a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo cual sigue siendo un pendiente.