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Organizaciones civiles se pronuncian contra el aumento a la tarifa de transporte urbano

Marcela Loyola

Las organizaciones civiles Cambio por San Luis y Ciudadanos Observando se pronunciaron en contra del incremento de 40 centavos que pretenden los permisionarios del transporte urbano, así como la chatarrización de los mismos que intenta impulsar la diputada por Morena, Alejandra Valdés Martínez.

El vocero de la organización Cambio por San Luis Michel Hernández Piña señaló que implementarán una serie de acciones para evitar que se aumente de 10 a 15 años la antigüedad de las unidades como lo pretende la diputada Alejandra Valdés.

Lamentó que el tema de la pandemia haya sido utilizado como pretexto por la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado para evadir el tema de que hay al menos 38 unidades circulando que rebasen los 10 años de antigüedad, justificando que no hay recursos para la adquisición de nuevas unidades ni créditos.

Recordó que hace meses presentaron ante el Congreso del Estado una serie de reformas con enfoque de movilidad, pero no han sido tomadas en cuenta, por lo que buscarán una reunión con los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes para que atienda los temas pendientes, como es la portabilidad de los tarjetas de prepaga y la mejora del servicio antes de que haya un incremento a la tarifa.

El representante del Transporte Escolar, Juan Silva Espinosa dijo que están en contra de que a los camiones urbanos se les autorice utilizar las unidades hasta los 15 años de antigüedad, puesto que con el transporte escolar son más duros pese a que se utiliza menos, por lo que piden condiciones en igualdad de condiciones.

Por su parte el vocero de la organización Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias puntualizó que están en contra de la chatarrización del transporte urbano, por lo que no van a permitir que se aumente la antigüedad a 15 años, ya que no se está pensando en los usuarios.

Indicó que hay usuarios que destinan hasta 35 por ciento de su salario al transporte urbano, lo cual es una violación a sus derechos humanos, y afirmó que el aumento no es en automático sino que los permisionarios deben de cumplir con una serie de compromisos, y el Consejo del Transporte Estatal debe de verificar esta situación, pero desafortunadamente sólo sesionan cada año para autorizar la tarifa del transporte urbano.

Añadió que por eso buscan un acercamiento con los diputados para plantearles que no es factible el incremento por la difícil situación económica que está viviendo la población.

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