Marcela Loyola
En la Comisión Especial que dictamina iniciativas ciudadanas del Congreso del Estado se aprobó la Ley de Austeridad del Estado de San Luis Potosí, y pasará al Pleno del Congreso del Estado para ser votada en la cual se prohíbe contratación de atención médica privada y se pide afiliación de los funcionarios a la seguridad social.
Esta propuesta de nueva ley tiene como finalidad disminuir el gasto corriente respecto a los salarios, dietas, sueldos y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los tres poderes, órganos autónomos y otros entes públicos, la cual se presentó el 11 de marzo del año 2019, por los Ciudadanos, Juan David Cibrián Jerónimo, Luis Alberto Suárez Castillo, y Aarón Obregón Hernández, en primera instancia fue turnada a la Comisión de Vigilancia donde se buscaba desechar, pero se envió a la comisión especial.
El dictamen fue aprobado por los diputados Martín Juárez Córdova y Marite Hernández Correa integrantes de la comisión especial, el cual establece una serie de medidas para disminuir el gasto y que realmente haya austeridad.
La aprobación de este ordenamiento jurídico prohibiría el pago de atención medica privada, y fomentaría la afiliación de todos los funcionarios del Estado a los sistemas públicos de seguridad social para garantizar el derecho a la salud con el sistema de salud público, paralelamente se prohibirán los de regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
También, se señala que se evitará abultar las plantillas laborales del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas que no estén debidamente justificadas. De tal manera, el Estado aprovechará cada uno de los empleos que mantenga, que deberán estar plenamente justificados en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía.
Asimismo, se limitarán los casos y solamente donde sean estrictamente justificados por razón de necesidad o urgencia en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a la función pública.
De igual forma, se restringirá el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población; solo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique, por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.
Y se limitará el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos aire, publicaciones noticiosas y concentrando en una sola institución pública su difusión, entre otras medidas de austeridad.