Marcela Loyola
La Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), desechó la serie de impugnaciones contra el proceso interno de selección de candidato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí, presentadas por el ex precandidato Xavier Nava Palacios.
En la resolución de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN publicada https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados_electronicos/2020/02/1612494040JIN51.pdf del expediente CJ/JIN/51/2021y signada por su presidenta, Jovita Morín Flores, y sus cuatro comisionados, quienes desestimaron la mayoría de los agravios por falta de pruebas, se declaran improcedentes las quejas.
“R E S O L U T I V O S ÚNICO. Se declara procedente la vía interpuesta en el presente medio de impugnación. Resultando INOPERANTE por cuanto hace el primer agravio e INFUNDADOS el resto de los agravios materia de estudio”, asentaron en el documento.
Cabe recordar que Nava Palacios impugno todos los actos del proceso electoral celebrado el pasado 10 de enero y sus resultados, pues adujo que no se realizó mediante sufragio libre, y en ese tenor alegó la violación de disposiciones constitucionales, federales, locales y partidistas.
Ante la inconformidad, la resolución se expone que si bien expuso diversas violaciones a normas constitucionales, estas “carecen de sustento por la ausencia de probanzas” e invocó la causa de nulidad abstracta, “la cual no se encuentra prevista en la Legislación del Estado de San Luis Potosí, ni en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Sobre la supuesta ilegal el registro de Octavio Pedroza para participar como precandidato, determinaron que eso “no fue cuestionado” en el momento oportuno, pues la aprobación de la inscripción aconteció el 14 de septiembre de 2020 e impugnó el 13 de enero de 2021 y, por ende, debió controvertirlo cuatro días después de la primera fecha.
Además, sobre el testimonio acerca de una supuesta anomalía reportada por Michelle Berenice Martínez Oviedo, quien fungió como observadora, “carece de fuerza convictiva”, porque esta “labora en la administración pública municipal”.
Agregaron que Xavier Nava fue “omiso” en ofrecer medios probatorios de supuestas irregularidades registradas en los centros de votación en diversos municipios, por no “mencionar la causa genérica o específica” de cada caso y “se limita a suponer lo que a su dicho se regula como violación en el centro de votación”.
Puntualizaron que tampoco hubo pruebas de la supuesta presión sobre los electores durante la jornada o sobre funcionarios de las mesas directivas de casillas. “La parte actora se limita a afirmar hechos vagos e imprecisos, carente de circunstancia de modo, tiempo y lugar”, expusieron.