CIUDAD DE MÉXICO. Los contratos con Productores Independientes de Energía le han dejado a la CFE un daño de 412 mil 410 millones de pesos debido a subsidios, riesgo cambiario o inflación.
Miguel Santiago Reyes, director de CFEnergía y CFE Internacional, señaló que en la actual Ley de la Industria Eléctrica no hay piso parejo para los competidores.
A los privados les está permitido realizar todo tipo de transacciones en el marco de la competencia: comercio intra-firma, contratos bilaterales de cobertura, venta de Certificados de Energía Limpia y precios de energía simulados y subsidiados”, dijo en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica.
Aseguró que la ley vigente pone en riesgo a la CFE, pues la obliga a comprar energía a generadores privados. Detalló que las tarifas aumentaron 35% de 2015 a la fecha.
Es falso que las renovables sean más baratas. Son una simulación”, insistió.
Edmundo Sánchez Aguilar, director corporativo de Finanzas de la CFE, dijo que respaldar a las renovables requiere de subsidios por 90 mil millones de pesos al año.
CFE PERDIÓ 412 MIL MDP EN TRATOS CON PRIVADOS
Los contratos con los Productores Independientes de Energía (PIE) le han dejado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un daño económico por más de 412 mil 410 millones de pesos, debido principalmente a los subsidios, riesgo cambiario, inflación y bajo despacho, entre otros.
48 mil megawatts fue el punto máximo de demanda de energía eléctrica en 2020, señala la CFE, mientras que la oferta disponible alcanza los 85 mil 900 megawatts
Durante su participación en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, Miguel Santiago Reyes, director general de CFE Energía y CFE Internacional, también aseguró que la implementación de la Reforma Energética impulsada en el sexenio pasado aumentó en casi 35% las tarifas eléctricas, pues el kilowatt hora en 2015 se cotizaba en 1.39 pesos, sin embargo, en 2017, ya se aplicaban 1.88 pesos por kilowatt hora, mientras que actualmente ya se cobran 1.91 pesos por kilowatt hora.
Aseguró que la ley vigente ha puesto en riesgo a la empresa del Estado, pues ha sido obligada a hacerse a un lado en el mercado, al mismo tiempo que debe comprar energía a los generadores privados.
En la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) actual no existe un piso parejo para todos los competidores. A los privados les está permitido realizar todo tipo de transacciones en el marco de la competencia: comercio intra-firma, contratos bilaterales de cobertura, venta de CELs y precios de energía simulados y subsidiados”.
Sin embargo, la CFE enfrenta condiciones asimétricas para competir, pues “no puede realizar operaciones intra-firma libremente, la energía que genera no es reconocida para los Certificados de Energía Limpia (CELs), subsidia a sus competidores y es obligada a comprar energía a privados en subastas, así como certificados para garantizar el cumplimiento de la normatividad”.
El funcionario aseguró que la oferta disponible de energía alcanza los 85 mil 900 megawatts, mientras que la demanda, en su punto máximo de 2020, fue de 48 mil megawatts, por lo que negó que la capacidad de la CFE no sea suficiente para satisfacerla.
Ante ello, Reyes Hernández sostuvo que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el Presidente busca garantizar una libre competencia, porque el marco legal actual sustenta un mercado simulado carente de un piso parejo y distorsiones que tampoco reflejan los costos reales de la generación, obligando a la CFE a su despacho, a costa de las centrales más eficientes de la empresa pública.
Buscamos un mercado donde no haya especulación. No se pretende regresar a una empresa única sino de garantizar un piso parejo. Es falso que las renovables sean más baratas. Son una simulación”, insistió el funcionario.
INVERSIÓN PRIVADA ANTICIPA BATALLA LEGAL
Ante la determinación de Morena y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por aprobar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger González, y el presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Régulo Salinas, advirtieron que la iniciativa abrirá frentes de batalla en el Estado mexicano y pone en incertidumbre los tratados comerciales que México ha firmado.
Durante su participación en el Parlamento Abierto para analizar la reforma, Roger González planteó que la propuesta del Ejecutivo infringe el marco legal existente y el constitucional, además de que ahuyenta a los inversionistas de cualquier parte del mundo y de cualquier tipo de infraestructura, no sólo la eléctrica.
En el sector privado creemos que no hacen falta cambios regulatorios en la materia… es vital que se respeten los contratos como existen y los derechos ya adquiridos”, expresó.
CRITICAN MAYOR IMPULSO A ENERGÍAS SUCIAS
El expresidente de la Comisión de Regulación de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, alertó que la modificación del despacho eléctrico que la reforma eléctrica presidencial propone, sin incremento de las tarifas, podría desencadenar en un escenario en el que “vamos a sustituir plantas de bajo costo que van a quedarse apagadas por plantas de alto costo y más contaminantes”.
Al participar en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo, el ahora investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesor en el ITAM sostuvo que el país requiere de todo el esfuerzo de la inversión pública para crecer, la cual debe ser complementada por la iniciativa privada.
Cambiar las reglas del despacho eléctrico inhibe futuras inversiones en plantas eléctricas, lo que nos llevaría a escenarios de falta de inversión en otros sectores al no tener el insumo básico o, incluso, escenarios de racionamiento en la electricidad a los usuarios finales”, alertó.
En tanto, Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, consideró que el tema de fondo es la seguridad nacional, por lo que consideró necesario que la política energética cubra tres objetivos: confiabilidad, costo y sostenibilidad.