Militantes y simpatizantes de Morena, así como integrantes de la asociación civil Cambio por San Luis anunciaron que este viernes se manifestarán en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (Ceepac) para impedir el registro de Mónica Rangel como candidata a gobernadora por Morena.
Los organizadores de la protesta informaron que, tras el anuncio de las manifestaciones, se desplegará un operativo de fuerza policial por parte del gobierno del estado para blindar el lugar, ante el riesgo que hay por el descontento social, contra la designación de la ex secretaria de Salud a la gubernatura del estado.
“Ahí se demuestra el nivel de miedo por parte del gobierno del estado, nosotros vamos a manifestarnos de manera pacífica, como siempre lo hemos hecho, pero sí vamos a mostrar un repudio absoluto a la imposición de la señora Mónica Rangel”, comentó Michael Hernández vocero de Cambio por San Luis.
PVEM en SLP va con candidato a gobernador con investigaciones por lavado de dinero Dijo que al movimiento lo integran militantes y simpatizantes de Morena que están en desacuerdo por la supuesta imposición de Mónica Rangel desde la dirigencia nacional del partido.
“No hay espacio para una negociación con una persona corrupta como Mónica Rangel, con un gobierno de esas características, no es posible que abandere un partido político, por ninguno, pero peor por el partido de Morena”, agregó el activista.
Advierten que podrían filtrarse grupos de choque para provocar a quienes se manifestarán de manera pacífica y se deslindaron de cualquier acto vandálico que pueda suscitarte durante el registro de Mónica Rangel. Mónica Rangel fue denunciada penalmente ante la Fiscalía General de República en la delegación de San Luis Potosí desde septiembre de 2020 y la denuncia fue ampliada por otros denunciantes en noviembre de ese mismo año, acusada de los presuntos delitos contra la identidad de las personas, falsificación de documentos, asociación delictuosa y por el presunto enriquecimiento ilícito a través de la función pública.
Acusaron que siendo funcionaria de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, realizó pagos por más de 400 millones de pesos a empresas inexistentes y autorizó pagos de facturas a favor de empresas establecidas que niegan ser proveedoras de la Secretaría de Salud y habrían utilizado sus nombres comerciales para simular contratos.
Con información de Milenio