La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la recomendación 1/2021 al comisario Carlos Arturo Landeros Hernández, director general de Seguridad Pública del Estatal y a Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, director general de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, por la insuficiente protección en el ejercicio de la libre manifestación por omisión de tomar acciones oportunas en contra de personas que incurrieron en conductas ilícitas flagrantes en la manifestación del 5 de junio de 2020.
El organismo estatal informó que la queja se inició de oficio derivado de los hechos que ocurrieron relativos a la manifestación realizada en el Centro Histórico de la capital potosina el pasado 5 de junio, difundida en red social y denominada “Justicia para G.L, contra la brutalidad policial”.
En los hechos se señala que un aproximado de 60 a 80 personas se concentraron en un primer momento en Plaza de Armas de donde se dirigieron a la inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado y en el edificio de Seguridad Pública del Estado con motivo gritar consignas relativas a la manifestación, cuando un grupo de personas comenzaron a causar disturbios y daños a una patrulla de la policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, que se encontraba estacionada en las inmediaciones de ambas instituciones.
En un segundo momento, el mismo grupo de manifestantes se constituyó en el edificio del Congreso del Estado localizado en Plaza de Armas, donde se observó un grupo de personas en su mayoría cubiertos del rostro ingresaron al recinto legislativo escuchándose disturbios y observándose que sacaron del recinto un busto monumental, banderas de México, además de diversos objetos destruidos, sin que los elementos policíacos llegaran a poner orden.
A las 19:14 horas de ese día, la CEDH recibió una llamada telefónica, quien denunció que derivado de la manifestación se detuvieron a un aproximado de diez personas, por lo que personal de este Organismo se trasladó al Edificio de Seguridad Pública del Estado y a la Dirección de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en el que fueron informados por familiares de la detención de dos jóvenes menores de 18 años, tres mujeres y siete hombres.
Asimismo, se presentó una queja por dos víctimas de detención arbitraria que son los casos de Roxana y Claudia Hernández, quienes reconocieron que participaron en la manifestación, pero no en los disturbios causados en la Fiscalía como en el Congreso del Estado, y pese a eso fueron detenidas y violentados sus derechos humanos.
Por lo anterior, la CEDH recomendó al director general de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí garantizar los derechos de las víctimas y el acceso a la Reparación Integral del Daño, se inscriban en el Registro Estatal de Víctimas con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la presente Recomendación, así como a todas aquellas medidas que le beneficie a las víctimas y se envíen las constancias que acredite su cumplimiento.
Asimismo, se garantice el derecho a la justicia y a la verdad, y colabore con el Agente del Ministerio Público a efecto de que haya una investigación efectiva dentro de las Carpetas de Investigación por los hechos de la manifestación del 5 de junio de 2020, para que se conozca la verdad de los hechos ocurridos con motivo de la participación del grupo de personas que irrumpieron en la manifestación, y se garanticen los derechos al debido proceso, a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal, presunción de inocencia.
La CEDH, también recomendó al director general de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí que colabore en las investigaciones y haya garantía de no repetición de los hechos en los que se violaron los derechos humanos de personas por detenciones arbitrarias.