El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, comenzó ayer la exposición de pruebas para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien acusó de la adquisición de diversos inmuebles en México y Estados Unidos, usando para ello a empresas ligadas con el cártel de Sinaloa.
Durante una audiencia virtual de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados –que por primera vez se realizó de forma pública, mediante la televisión y redes sociales–, Nieto señaló que el mandatario panista habría utilizado un “esquema irregular” para adquirir varios departamentos y ranchos.
La sesión se llevó a cabo a pesar de la oposición del abogado defensor del inculpado, Alonso Aguilar Zínser, quien consideró que ventilar de forma pública los señalamientos en contra de su cliente iba en contra de la secrecía del proceso penal.
Tras una breve intervención del titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, Nieto Castillo expuso los argumentos por los cuales se inició un proceso de investigación en contra del mandatario de Tamaulipas, quien estuvo presente en la sesión, pero no hizo uso de la palabra.
En una exposición de más de media hora, el funcionario señaló que la UIF detectó inicialmente la compra y posterior venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la capital del país, por 42 millones de pesos, además de la adquisición de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, valuado en 63.4 millones de pesos, el cual habría sido adquirido por una empresa fantasma propiedad de un socio del mandatario panista.
Prestanombres
De igual forma, mencionó que Garcías Cabeza de Vaca –a quien sólo identificó como Francisco “N”—compró por conducto de socios y familiares diversos inmuebles en Reynosa, Tamaulipas y en el estado de Texas, Estados Unidos, valuados en precios que van de los 5.9 a los 10.7 millones de pesos.
“En general, tenemos una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a la familia (del gobernador de Tamaulipas) y el ingreso que él pudo haber tenido en sus años de servicio”, indicó Nieto Castillo.
Por otro lado, el titular de la UIF destacó la participación de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple en un esquema de “adquisición irregular” de al menos tres ranchos, en el cual dicha entidad recibió dinero de varias compañías mercantiles, a pesar de que éstas se encontraban en la lista de entidades bloqueadas por haber sido utilizadas por el cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Sin embargo, Nieto Castillo aclaró que ello no quiere decir necesariamente que Francisco “N” esté involucrado con organizaciones criminales.
De igual manera, enfatizó que el proceso iniciado por la UIF estuvo basado en información que le brindan organismos internacionales de monitoreo de operaciones financieras, por lo que “no hay ningún tipo de persecución política, no hay nada orquestado: es el cumplimiento de las normas del estado de derecho”.
Tras la exposición de Nieto, Aguilar Zínser le formuló diversas preguntas sobre la fuente de sus señalamientos o si tenía facultades para revelar detalles de indagatorias que aún se encuentran abiertas, a lo que el director de la UIF señaló que el derecho a la información ante los casos de presunta corrupción y en donde estén involucrados personajes de naturaleza pública, es preponderante y, por lo tanto, esos datos deben ventilarse.
Con información de La Jornada