El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, fue acusado y juzgado por una corte ciudadana, y sentenciado a devolver todo lo que ha robado en su sexenio, así como a 70 años de prisión, a ser inhabilitado para ocupar cualquier cargo público y pagar una multa de 20 millones de pesos, en un ejercicio realizado por una fiscalía general de justicia del pueblo y un jurado popular.
Los delitos que le imputaron y que comprobaron, fueron el endeudamiento injustificado del estado, impunidad ante el desfalco de la Dirección de Pensiones, un estancamiento económico, incumplimiento de apoyo a agricultores, ganaderos y empresarios, no aterrizó la armadora Ford, omisiones e impunidad en feminicidios y actos delincuenciales, así como corrupción en su gestión.
Además de maltratar a sus trabajadores, inmiscuirse en el proceso interno de diversos partidos, imponiendo candidatas y candidatas a modo, generar un desastre ecológico por no proteger áreas naturales, dar permisos de extracción a mineras, no medir la calidad del aire, discriminar a los indígenas, abandonar a niños y jóvenes, y robarse el dinero dedicado a atender la pandemia.
Ante lo cual su abogado defensor pidió la absolución, alegando que no tuvo un debido proceso, así la fiscalía del pueblo mostró a testigos que comprobaron los ilícitos, que denunciaron omisiones ante la demanda de justicia de comerciantes ambulantes agredidos y el apoyo del mandatario estatal al alcalde que los reprimió, y que busca la reelección.
Luego el fiscal y el abogado defensor deliberaron, el primero la comprobación de los delitos que se le achacaron y el segundo señalando que no debe juzgarse a la persona, sino a los hechos, después el jurado popular dijo que encontraron elementos para declarar culpable al mandatario estatal, ante lo cual el secretario del proceso les preguntó cómo lo encontraban, y le respondieron: culpable.
Acto seguido el juez reconoció la comisión de los delitos por parte del gobernador, por permitir la impunidad en la corrupción, la delincuencia y los feminicidios, por discriminar a los pueblos indígenas, niños y jóvenes, por no propiciar el desarrollo económico del estado, y principalmente por el saqueo de las arcas estatales, por lo que le dictó sentencia condenatoria.
“Se encuentra culpable, condenado a 70 años de prisión, multa de 20 millones de pesos, a que regrese lo robado, y mantener una suspensión e inhabilitación al cargo, para que no ocupe ningún puesto público, dada su incompetencia y corrupción, así como los latrocinios que ha ocasionado en contra del pueblo potosino”, dijo el togado.
El evento tuvo gran asistencia de la ciudadanía, la cual participó en el proceso judicial ciudadano, pero muchos demandaron que se emita una denuncia real contra el gobernador, a fin de que el juicio no sea sólo ciudadano, sino que tenga vinculación con la Fiscalía General del Estado y con el Supremo Tribunal de Justicia, a fin de que realmente se le juzgue y sancione por corrupto.