En prácticamente una semana de haber comenzado el proceso electoral intermedio más importante de la historia, las estimaciones elaboradas por Integralia, consultora especializada en riesgo político, conflictividad social y planeación estratégica, tiene un escenario: el presidente Andrés Manuel López Obrador perderá la capacidad para enmendar la Constitución, pues perderá la mayoría calificada en el Congreso.
Según las proyecciones hasta abril, elaboradas con encuestas públicas, estudios muestrales y censales, en el caso de la Cámara de Diputados, Morena y los partidos afines perderían la mayoría calificada (dos terceras partes), pero lograrán la mayoría absoluta (50 más 1), y, aunque el partido del Presidente podría ser el partido más votado, se descarta “el tsunami electoral de 2018”, cuando existió un voto masivo por ese partido.
En cuanto a las gubernaturas, la firma de Luis Carlos Ugalde modificó su proyección del año pasado, cuando otorgaba a Morena 14 de las 15 en disputa, y hoy le otorga 13 o 14 gobiernos estatales.
De acuerdo con el estudio, entre los principales factores que definirían los resultados electorales estarían: la popularidad del Presidente y su prestigio; los atributos de los candidatos y el desempeño (bueno o malo) de los gobiernos locales de Morena; la coalición opositora PAN-PRI-PRD, así como las estructuras de movilización disponibles.
En cuanto a la participación ciudadana, la consultora la ubicó como “una variable central que afectará quién gana y quién pierde”, ya que, entre más alta, mayor sería la probabilidad de un voto de castigo; no obstante, también contabiliza el factor pandemia, que, según la empresa, podría deprimir el voto, si persiste temor por los contagios.
La consultora también puso sobre la mesa dos elementos adicionales, un proceso electoral conflictivo, así como el riesgo político tras las elecciones, por lo que sugiere a empresas e inversionistas prepararse “para un entorno de mayores riesgos y ataques reputacionales” para la segunda mitad del sexenio.
El primer punto, derivado de los ataques del Presidente y de su partido al Instituto Nacional Electoral (INE), así como las amenazas de los candidatos perdedores de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar la anulación de los comicios; mientras que en el escenario postelectoral, se advierte “un riesgo político”, si los resultados favorecen al Presidente, pues se podrían “impulsar cambios más drásticos”.
“Si no le favorecen, es previsible que redoble los ataques contra la oposición, además de usar consultas populares para presionar al Congreso a aprobar las reformas que necesita para dejar su huella y pasar a la historia, e incluso convocar a un Constituyente para reescribir la Constitución”, señaló el informe.
Con información de El Financiero