Marcela Loyola
A cincos años del intento de tomar posesión de un predio, agredir de forma violenta y privar de la libertad a habitantes de la Noria de San José por parte de trabajadores de la empresa Parques American Industries y policías estatales, aún no hay justicia ni reparación de los daños y mucho menos voluntad por resolver este conflicto por parte de dependencias del gobierno estatal, pese a las exigencias de las víctimas.
Lo anterior lo señaló Griselda Haro, quien afirmó que ya se cumplieron cinco años y hasta el momento el resultado “es el fracaso de todas las instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado que tiene carpetas de investigación sin resolver desde hace cinco años. Y nosotros hemos denunciado el tráfico de influencias por parte de esta inmobiliaria y que finalmente ha recibido una protección e impunidad por parte del propio fiscal –Federico Garza- y del mandatario Juan Manuel Carreras”.
Indicó que este caso es emblemático porque se vieron involucrados funcionarios públicos pertenecientes a la Comisión Estatal Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEEAV), que es la encargada de reparar a la víctimas y ha resultado un fracaso, “es una puerta giratoria que nos ponen entre la CEEAV y la CEDH porque aunque se emitan recomendaciones, no son cumplidas ni acatadas por las autoridades a las que van dirigidas y las víctimas estamos envueltas en estas situaciones por años”.
Abundó que hay amparos que se interpusieron desde el año pasado y están esperando que se resuelvan, “y esto todavía va a tardar, va ser un proceso largo y esto nada más resuelve una parte, no es sólo una reparación económica, va más allá y es donde las autoridades se atoran, porque se tiene que garantizar la no repetición”.
Griselda Haro condenó que “en estos cinco años hemos solicitamos una reunión o audiencia con el gobernador y nunca nos fue concedida, y eso habla de su indiferencia y el desprecio que siente por nosotros, no fuimos las únicas víctimas y él se negaba a recibirnos y conocer de viva voz lo que vivimos”.
Lo anterior, por los hechos ocurrido del 14 al 16 de junio de 2016, donde trabajadores de la empresa Parques American Industries se presentaron en la comunidad de La Noria de San José para tomar posesión de un predio que se encuentra en litigio en tribunales agrarios, presuntamente con una orden judicial. Durante dicha visita Julio Cesar García Meléndez se ostentó como actuario judicial, pero en ese entonces tenía el cargo de director de asesoría jurídica la CEEAV.
Dos años más tarde, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la recomendación 07/2018, donde se pudo constatar que en ningún momento se presentó un documento para desalojarlos. A pesar de ello, destruyeron un restaurante propiedad de la víctima Griselda Haro, lo que desató un enfrentamiento entre los habitantes del lugar y los trabajadores de la empresa, cuyo personal de seguridad agredió a los vecinos sin que los elementos de seguridad que se encontraban en el lugar intervinieran.
Después del enfrentamiento se llevaron a por lo menos ocho habitantes de la comunidad detenidos, entre ellos a Griselda Haro, a quienes torturaron y los tuvieron desaparecidos por prácticamente un día – donde vivieron situaciones muy dolorosas – hasta que los presentaron en las instalaciones de la PGR, ahora Fiscalía General de la República.
En el recuento del caso, la CEDH detectó que la empresa Parques American Industries había notificado al director de la Policía Estatal la acción que derivó en el tema de la recomendación, pero ésta corporación fue omisa en su obligación “preventiva en salvaguarda primordial de la integridad física de quienes ahí se encontrarían”.
Se advirtió en la evidencia recabada la forma en que la autoridad policíaca el mismo día en que le fue solicitada su presencia (14 de junio de 2016) no tuvo la certeza o no pudieron constatar válidamente que la empresa estaba en aptitud de ejecutar actos de dominio sobre un predio que otras personas refieren tener un mejor derecho.
“Por tanto desde el punto de vista de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, a lo que estaba obligada la policía era únicamente a la salvaguarda de la integridad física de las personas con posiciones antagónicas, lo que finalmente no ocurrió, pues en esos hechos V2, V3 y V8 resultaron lesionados”, estableció la CEDH.
La recomendación 07/2018 de la CEDH, le fue notificada en su momento a Jorge Vega Arroyo, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; Federico Arturo Garza Herrera, fiscal General del Estado; Jaime Ernesto Pineda Arteaga, secretario de Seguridad Pública del Estado, y Saúl Francisco García Rodríguez, encargado de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí.