El miedo invadió a la ciudad fronteriza de Reynosa tras los ataques del sábado que se cobraron 18 vidas: cuatro presuntos atacantes y 14 personas entre las que había taxistas, obreros y un estudiante de enfermería.
“Lo mataron a sangre fría, a él y a dos de sus compañeros”, denunció Olga Ruiz, hermana de Fernando Ruiz, de 19 años, un joven que trabajaba como fontanero y albañil para pagar su carrera de enfermería.
El joven vivía en el municipio vecino de Río Bravo, desde donde aparentemente se desplazaron los atacantes. Ruiz murió cuando se desató el ataque del sábado en Reynosa mientras él arreglaba un drenaje.
“Oyeron los balazos a lo lejos y mi padrastro le dijo, mi hijo hay que resguardarse, así que pidió permiso en una casa para meterse pero mi hermano y sus compañeros apenas se iban a meter cuando llegaron las camionetas, se pararon enfrente y les empezaron a disparar”, explicó Olga Ruiz en entrevista telefónica con The Associated Press.
Reynosa, limítrofe con McAllen, Texas, amaneció el domingo en silencio tras los ataques en varios puntos del oriente de la ciudad la tarde anterior, cuando individuos armados a bordo de varios vehículos dispararon a “ciudadanos inocentes”, dijo el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Los tiroteos provocaron la movilización del ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y la fiscalía del estado, que se desplegaron por toda la ciudad. Cuatro de civiles armados fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.
“Se investiga ya el móvil de estos actos que afectaron de manera directa a la población civil”, dijo el mandatario estatal el domingo en un comunicado.
Aunque esta ciudad es un escenario habitual de actos de violencia vinculada al crimen organizado porque es un punto estratégico para los cárteles donde proliferan todos los tráficos ilegales, sobre todo el de migrantes, los vecinos entraron en pánico el sábado.
Misael Chavarria Garza, un empresario local indicó a AP que muchos negocios cerraron temprano y la gente estaba muy asustada mientras los helicópteros sobrevolaban la ciudad. El domingo, “era como si no hubiera pasado nada, la gente callada pero traía un sentir de coraje porque ahora sí la delincuencia se pasó contra la gente inocente”, agregó.
“No es justo”, afirmó Rene Guevara, un taxista, que dijo que entre los muertos estaban dos de sus compañeros a los que defendió y aseguró que no estaban involucrados con la delincuencia.
Las autoridades detuvieron el sábado a una persona que llevaba en el maletero de un automóvil a dos mujeres, aparentemente secuestradas, y aseguraron tres camionetas, así como un arma larga.
Pero la familia de Fernando Ruiz se quejó del trato que recibieron como víctimas.
Olga Ruiz se trasladó inmediatamente al lugar del ataque y dijo que la policía amenazó a su padrastro con detenerlo mientras el cuerpo de su hermano todavía estaba ahí tendido. Aseguró que la policía les pidió documentos que acreditaran que el joven no estaba vinculado al crimen organizado para poder entregarles el cadáver.
“¿Cómo es posible que hicieran eso, en vez de ir a buscar a los delincuentes?”, lamentaba la mujer, que corrió a buscar fotografías familiares y de la escuela donde estudiaba su hermano.
En esta región, la parte más oriental de la frontera entre México y Estados Unidos, opera el Cártel del Golfo, aunque distintos grupos dentro de esta organización mantienen una lucha interna desde 2017 para controlar territorios clave para el trasiego de droga y el tráfico de personas. Aparentenente una de las células de una localidad cercana es la que entró en Reynosa y cometió los ataques.
La seguridad es uno de los grandes pendientes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente asegura que está combatiendo las causas, y desde el inicio de su gobierno, en diciembre de 2018, abogó por el lema de “abrazos, no balazos” para tratar a los criminales, al tiempo que insistió en luchar contra la corrupción para frenar la infiltración del crimen organizado entre las autoridades. Pero la violencia continúa.
“Las organizaciones criminales deben recibir por parte del Gobierno Federal una señal clara, explícita y contundente de que no habrá espacios para la impunidad, ni tolerancia ante sus reprobables conductas delictivas”, exigió el gobernador el domingo, del opositor Partido Acción Nacional. “En mi gobierno no habrá tregua para los violentos”.
Sin embargo, García Cabeza de Vaca está siendo investigado por la fiscalía federal por delincuencia organizada y lavado de dinero. La fiscalía logró que el Congreso le retirara el fuero y que un juez ordenara su captura, pero García Cabeza de Vaca impugnó estas resoluciones —un litigio que llegó hasta la Suprema Corte y todavía está sin resolver_, e insistió que la acusación en su contra se debe a un plan del gobierno de López Obrador para atacarlo sólo por ser opositor.
Los problemas de las autoridades de Tamaulipas, el estado que vio nacer a Los Zetas —ahora reconvertidos en el Cártel del Noreste y donde sigue operando el Cártel del Golfo— no son nuevos.
Varios de sus antiguos gobernadores, todos del ahora opositor Partido Revolucionario Institucional, han enfrentado cargos por corrupción y crimen organizado. Uno de ellos, Tomás Yarrington, fue extraditado a Estados Unidos desde Italia en 2018, bajo acusaciones de tráfico de drogas.
Con información de Sin Embargo MX