Marcela Loyola
La comunidad LGBTIQ+ exhortó a las y los diputados para que se apruebe la iniciativa ciudadana para reformar el Código Penal del Estado y tipificar de manera autónoma los delitos de odio en tres vertientes, que son el daño a las cosas, lesiones y la privación de la vida.
En rueda de prensa, el presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, Andrés Costilla Castro dijo que esta iniciativa fue un trabajo en conjunto de los activistas Vanessa Hernández, Bárbara Irazamy Portillo, Gus Guevara, y Carlos Francisco Alcalde, así como de las instituciones la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito (CEEAV), y la Fiscalía General del Estado; y la que la presidenta del Poder Judicial del Estado, Olga Regina García López, le acaba de dar el visto bueno.
Explicó que además de castigar los crímenes de odio, pretende ampliar el concepto y la sanción de la discriminación para salvaguardar el respeto a los derechos humanos de todas aquellas personas que son violentadas con base a su identidad o expresión de género, o por alguna otra característica y/o estimulo de vida que históricamente haya sido motivo de exclusión, violencia o rechazo.
Andrés Costilla confió en que esta iniciativa ciudadana pronto pase a votación al Pleno del Congreso del Estado, por lo que pidió a los diputados el voto a favor para poder sancionar estos crímenes de odio que sufre la comunidad lésbico-gay y muchos otros sectores de la población vulnerables.
Puntualizó que esta reforma es muy importante, puesto que en los últimos cinco años se han cometido entre cinco a seis crímenes de odio que no se han tipificado como tal, como fue el caso de un hombre joven que a las afueras de un antro gay fue golpeado por alrededor de 20 personas que le privaron la vida y se sancionó como homicidio en riña, y hace dos años ocurrió el caso de una mujer trans que aún está sin sentencia y piden que se tipifique como crimen de odio.
Añadió que hay otros casos como el del estudiante del Tec de Monterrey, de un médico de la comunidad del Barrilito que fue quemado vivo, o del médico del Hospital del ISSSTE que fue desollado, y como estos hay muchos más crímenes de odio que se cometen, pero no se denuncian algunos por vergüenza.
El activista dijo que por eso es importante la creación del Instituto Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, ya que en la marcha del 2019 fue víctima por un grupo que lo atacó al grado que le aventaron un bloque grande de concreto que casi le golpea la cabeza, “tuve la facilidad de zafarme de los agresores y salir ileso, pero mi carro quedó destrozado como los vidrios de la asociación, y el proceso penal sigue abierto, pero hay más delitos como estos”.
Abundó que las agresiones por odio y afectaciones a propiedades se sancionarán dependiente de la gravedad, pero en el caso de un asesinato por odio la pena máxima es de hasta 50 años de prisión.