“Es excesivo e injustificable, el incremento de 400 millones de pesos que pretende solicitar la Fiscalía General del Estado, para el próximo ejercicio fiscal” 2022, consideró Efraín Torres, presidente de la Asociación de Abogados postulantes y especialistas en oralidad.
Y es que consideró inadmisible que la procuración de justicia en San Luis Potosí tenga como prioridad el destinar casi la totalidad del recurso público en pago de nóminas de empleados sindicalizados, que exigentemente llegan a las 8 de la mañana y se retiran a las 3 de la tarde, puntualmente, dejando de lado el trabajo que debe desempeñarse en diversas áreas de la Fiscalía General.
“Sí el trabajo sale o no sale, no les interesa, ellos se van, entonces ese tipo de gente viene siendo un obstáculo para que la procuración de justicia tenga dinamismo”, criticó el abogado, al mismo tiempo de asegurar que la institución que dirige el Fiscal Federico Garza Herrera no puede ser llamada autónoma, puesto que sigue dependiendo de los recursos estatales, con la herencia de una burocracia obsoleta, perezosa e inactiva.
Por otro lado, señaló que “en general, la Fiscalía tiene retrasos en todas sus direcciones y subdirecciones; los ministerios públicos en el interior del Estado tienen un rebase de carpetas de investigación, que se siguen acumulando y no hay fecha de resolución; falta equipamiento en el área de peritos, faltan opciones de movilidad y un sinfín de carencias más”, expresó.
Indicó que aproximadamente un 30 por ciento del personal de la Fiscalía es la que verdaderamente trabaja, lo que la convierte en una institución tortuga y engorrosa, que sigue manteniendo altos sueldos con poca productividad.
Por esto, dejó en entredicho que el deseo del Fiscal, Garza Herrera, de obtener casi un 25% más de dinero público para ejercerlo el próximo año, no garantiza que vaya a ser utilizado de manera correcta ni eficiente, “400 millones es mucho o debería estar muy bien justificado”, por lo que rechazó tal pretensión.
Actualmente, y de acuerdo a datos del propio titular de la FGESLP, solamente 140 agentes de la Policía Ministerial están asignados para avanzar e investigar más de 45 mil carpetas de investigación apiladas en la institución, de todo el Estado; situación preocupante y lamentable.