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Mesa Revuelta / Los fraccionadores en el Parque Nacional de Gogorrón

Javier Padrón

No hace mucho se anuló el Plan de Manejo de la Sierra de Álvarez, la cual cuenta con una declaratoria de Área de Protección de Flora y Fauna emitida en 1981, pero se encuentra en un estado de indefensión ante el acecho inmobiliario; también se eliminó el Parque Ecológico de San Juan de Guadalupe en el municipio capitalino.

Ahora se anuló el Plan de Manejo (2016) del Parque Nacional de Gogorrón, el cual fue decretado en 1936, uno de los primeros en el país, y está ubicado dentro de Villa de Reyes y Santa María del Río.

El director de este parque es el biólogo Ángel Frías García, de acuerdo a la página web de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en sus distintos polígonos se encuentran zonas de recarga hidráulica, bosques de encino-pino, encino gris, pino piñonero, piñón enano, palma china, biznaga barril de acitrón, entre muchas otras registradas.

De especies de fauna se mencionan mapache, venado cola blanca, pecarí de collar, zorra gris, gato montés, aguililla cola roja, carpintero mexicano, gavilán pescador, liebre cola negra, culebra corredora constrictor (especie amenazada), víbora de cascabel, cascabel de monte, entre otras especies de víboras y en la Sierra El Bernalejo-San Miguelito hay anidación del águila real, también en la categoría de amenazada.

El ecosistema de este parque produce oxígeno, captura de carbono, captación de agua que se utiliza para el abastecimiento de las ciudades, campo e industria, conservación del suelo, neutralización de los contaminantes generados por las industrias, conservación de la diversidad ecológica que ayuda que los procesos del ecosistema se lleven a cabo y además de la belleza escénica del valle y las serranías, como se establece en el Plan de Manejo que fue anulado para abrir la puerta a los fraccionadores.

Movidos al parecer por uno de los empresarios (Alejandro Tamayo) que pretende urbanizar la Sierra de San Miguelito, los ejidatarios de Estancia de Machado, de Villa de Reyes, lograron que la justicia federal suspendiera el Plan de Manejo con el propósito de excluir mil 448 hectáreas de las más de 38 mil que incluye la declaratoria.

En Estancia de Machado ya existen proyectos industriales e inmobiliarios, por lo que no se descubre el hilo de negro de las intenciones de inversionistas que convencen a los ejidatarios con el señuelo de ganancias rápidas y sin esfuerzo, ante autoridades sumisas de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo a los activistas que defienden la Sierra de San Miguelito, en el caso del amparo obtenido por estos ejidatarios, la SEMARNAT no fue eficiente en la defensa jurídica, quizá hubo dolo y omisión para favorecer la desincorporación de las hectáreas, el juicio comenzó antes del arribo de la 4T al gobierno federal, pero la maestra María Luisa Albores ya tiene otro pasivo en la entidad potosina.

En los últimos años, como efecto del boom de la industria automotriz y su cadena de proveeduría, de la desigual expansión económica, distintas zonas de municipios cercanos a la capital potosina están en la mira o ya en urbanización por empresas inmobiliarias locales y foráneas, a lo cual nadie en su sano juicio puede oponerse, salvo cuando se trata del quiebre de la legalidad, de la afectación de áreas naturales protegidas estatales y federales.

A la par de este proceso de deterioro del medio ambiente por actividades económicas, han surgido cabilderos al servicio de grupos inmobiliarios disfrazados de grupos ecologistas, como los que ya justificaron el avance del cemento en la Sierra de San Miguelito como algo inevitable, y ya sentaron sus reales en Armadillo de los Infante.

LA INVISIBLE SEGAM

En el gobierno carrerista la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental ha sido menos que un florero, la titular Yvette Salazar resultó inamovible y completará el sexenio sin haber hecho algo sobresaliente.

No es una persona que tengo el perfil académico o técnico idóneo, carece de trabajo, experiencia y publicaciones especializadas en materia ambiental, es una política, ha sido diputada, que llegó al cargo precisamente por acuerdos partidistas (milita en el PVEM) y palaciegos.

Ni de broma se puede suponer que vaya a ser ratificada por el gobernador electo Ricardo Gallardo, quien tendrá que designar a un experto o experta en el medio ambiente, ya no estamos para la improvisación y el pago de facturas políticas, los daños están a la vista.

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