Marcela Loyola
Sandra, mujer potosina, ganó la primera sentencia en México que ordena el cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí, debido a que a la fecha no se ha implementado como debería y tampoco ha tenido resultados, y en caso de que no se cumpla por los funcionarios podrán ser sancionados y hasta destituidos del cago.
La directora de la Unidad de Litigio Estratégico de Renace, Raquel Álvarez Charqueño señaló que por parte de la institución se le dio a acompañamiento a Sandra, quien promovió un amparo indirecto el pasado 4 de noviembre ante el Poder Judicial de la Federación, para que pudiera analizar si efectivamente había un incumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, y de ser así logrará que vigilen su cumplimiento.
Indicó que las autoridades del estado y municipios de San Luis Potosí, señaladas como responsables en la demanda de amparo, expresaron que ellas no tenían ninguna responsabilidad y que sí habían cumplido con las medidas que establecía la alerta de género, pese a que los feminicidios continuaban cometiéndose en el estado.
Abundó que la jueza resolvió en definitiva el asunto en agosto del 2021 y concluyó que: “cualquier mujer residente del estado de San Luis Potosí puede promover una demanda de amparo para que las autoridades cumplan con las medidas de la Alerta de Violencia de Género, debido a que cualquier mujer dentro de la entidad puede ser víctima de la inminente violencia feminicida”.
Asimismo, resolvió que las autoridades no han cumplido por más de cuatro años con las acciones y medidas de la alerta de violencia de género, lo cual fue provocado debido a que no hubo una coordinación entre las autoridades para la implementación de la alerta de género y estableció que la inacción de las autoridades sobre cumplir la alerta de género violenta los derechos a la igualdad y a la no discriminación íntimamente ligados al derecho a la vida libre de violencia de las mujeres, debido a que la aplicación de las medidas de la alerta representa una acción urgente para erradicar y combatir la violencia de género.
Raquel Álvarez dijo que ante la resolución, las autoridades están obligadas a emitir el protocolo para la tramitación y aplicación de las órdenes de protección para las mujeres en situación de violencia en el estado, en seguimiento a la medida de seguridad relacionada con generar los mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección, establecidas en la Declaratoria de Alerta de Género.
Las medidas que faltan por cumplir son emitir un diagnóstico de los expedientes en archivos o reserva, y de las carpetas de investigación para la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos relacionados con los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en los últimos ocho años, por parte del grupo-unidad encargado para tal efecto en seguimiento a las medidas de justicia y reparación de la Declaratoria de Alerta de Genero de 21 de junio del 2017.
El gobierno deberá diseñar un programa de trabajo para dar cumplimiento a las acciones establecidas en la alerta de género, así como un cronograma de actividades derivados del plan antes referido. En esta programa deberá de precisar en cada una de las dependencias del estado responsabilidades, así como el Ayuntamiento capitalino, las acciones en las que les corresponde intervenir y ó ayudar con el fin de dar seguimiento y cumplimiento a las medidas señaladas en el marco de las leyes aplicables.
Una vez que se cuente con las acciones respectivas, informarlo al grupo interinstitucional y multidisciplinario a fin de que proceda a evaluarlas, con la finalidad de establecer que aquellas se encuentren cumplidas.
La abogada puntualizó que las autoridades están obligadas a cumplir con la sentencia de amparo, sino podrían ser sancionados hasta con la destitución del cargo, y las próximas autoridades son las que deberán de dar complimiento.