La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI) prestó auxilio a 25 personas de origen extranjero, quienes presumiblemente fueron privadas de su libertad en el municipio de Villa de Hidalgo; además, realizó la detención en flagrancia de un sujeto por el probable delito de secuestro.
Los hechos fueron reportados a los agentes investigadores por una mujer de nacionalidad salvadoreña, la cual aseguró que hace unos días llegaron a la capital para continuar su camino a Estados Unidos; sin embargo, al estar en tránsito, su esposo y varias personas más fueron privadas de la libertad, exigiéndoles una fuerte cantidad de dinero para no hacerles daño.
Al momento de estar dando su testimonio, recibió varias llamadas de los afectados, quienes informaron que lograron escapar, dando su ubicación y solicitando la intervención de las autoridades.
El personal de la Dirección General de Métodos de Investigación acudió al llamado de auxilio y al encontrarse en la carretera Matehuala a la altura de la comunidad Charco Cercad, tuvieron contacto con un grupo numeroso de personas que se escondían entre la maleza a los cuales pusieron a salvo.
En el lugar, fueron informados por las víctimas, que desconocían el paradero de cuatro centroamericanos más, razón por la que se continuó con el operativo hasta tenerlos a la vista sobre la misma carretera Matehuala con el crucero a Villa de Arista; en el lugar los agraviados señalaron a un sujeto el cual se identificó como Christopher Yahir “N” de 22 años de edad, como el responsable de presuntamente mantenerlos secuestrados.
Entre las personas afectadas se encuentran 13 adultos y 12 menores de edad, de nacionalidad salvadoreña, nicaragüense, hondureña y guatemalteca.
Cabe señalar que todos los agraviados fueron trasladados a las instalaciones de La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos en donde ya se les brinda atención y se trabaja en el esclarecimiento de este hecho.
El individuo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá lo conducente en cuanto a su situación jurídica.