Aproximadamente 12 mil 253 millones de pesos del presupuesto público federal del año pasado tendrán que ser devueltos o aclarados, de acuerdo con la segunda parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2020, presentada este jueves a la Cámara de Diputados.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, informó que se ha logrado un avance del 45 por ciento de las revisiones programadas a esta cuenta, que incluye gastos realizados por estados y municipios, poderes judiciales y estatales, así como universidades públicas.
“El proceso de fiscalización no se agota con la presentación de resultados, ya que ésta da paso al inicio de las actividades de segmentación y aclaración, que tiene una relevancia mayúscula en términos del debido proceso y la certeza”, expuso Colmenares.
Entre las irregularidades detectadas y que deberán ser aclaradas, se encuentran recursos que no han podido comprobar en programas de apoyos de la Secretaría del Bienestar, destinados a niñas y niños, hijos de madres trabajadoras y a personas con discapacidad.
En total se realizaron 750 auditorías, y se practicaron 143 revisiones a instancias federales, de las cuales una corresponde al poder judicial, 135 al poder ejecutivo, tres órganos autónomos y cuatro a universidades.
“La aplicación de sanciones y el combate a la impunidad no es opcional. Para nosotros es prioritario el fortalecimiento de las capacidades y la coordinación con las instancias responsables de la procuración e impartición de justicia”, resaltó el auditor superior.
Colmenares destacó que en los últimos años han incorporado algoritmos basados en tecnologías de inteligencia artificial a sus estrategias de búsqueda de irregularidades presupuestales.
“Esto nos ha permitido mapear redes de diversos proveedores que obedecen algún tipo de patrón identificable en más de una entidad federativa, este tipo de análisis es la base, por ejemplo, para detectar facturas falsas emitidas por ejemplo con dependencias públicas, locales, estados y municipios, empresas fachadas”, expuso el funcionario, y anticipó que esta labor será fortalecida con la reciente creación de un área de auditoría forense.
El auditor también pidió ante legisladores más atribuciones legales y herramientas técnicas para fortalecer la labor de la institución que encabeza.
“En la medida en que el marco normativo dote de más herramientas a la ASF para simplificar y agilizar sus procesos, así como para ampliar y diversificar el alcance y profundidad de la fiscalización, podremos observar un crecimiento en la incidencia institucional en la calidad del gasto público”, expuso.
La entrega del informe final de la fiscalización de los recursos del gasto público 2020 está programada para el mes de febrero de 2022.
Con información de: Aristegui Noticias