Marcela Loyola
El e diputado local panista Héctor Meraz Rivera tuvo que devolver 266 mil 526 pesos tras una revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí a las comprobaciones de apoyos legislativos que realizó como legislador, esto gracias a una denuncia ciudadana.
Lo anterior, después de que seis diputados panistas cobraron al Congreso del Estado casi un millón de pesos en 2015, tras utilizar facturas de una persona física de nombre Adriana Angélica Peredo, donde presuntamente falseaban las comprobaciones de apoyos legislativos y usaban a esta mujer para facturar supuestos servicios.
Posteriormente, el 29 de febrero del año siguiente todas las facturas fueron canceladas, dejando sin soporte las comprobaciones realizadas ante el Congreso del Estado además de provocar un fraude fiscal.
Cuando esto fue descubierto, diversas organizaciones ciudadanas pusieron una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, donde su titular Federico Garza Herrera la congeló y nunca presentó a los diputados imputados ante un juez, a pesar de contar con todos los elementos en la carpeta de investigación.
También, se hizo la denuncia ante la Auditoría Superior del Estado y esta realizó la auditoría AEFPO-D01-PL/2019 donde revisó los recursos públicos usados por los ex diputados en los años 2015, 2016 y 2017. En esta revisión se comprobó lo expuesto por Ciudadanos Observando y el pasado 27 de enero del 2021 el ex diputado panista Héctor Meraz decidió devolver el dinero y así detener los procedimientos en su contra. El 27 de enero del 2021 devolvió 177 mil 647 con el cheque 2879 y 88 mil 979 pesos con el cheque 2882.
Por su parte, los demás exdiputados como Héctor Mendizábal, Enrique Flores, Mariano Niño, Josefina Salazar y Xitlálic Sánchez no atendieron los requerimientos del Congreso ni de la Auditoría Superior del Estado, tampoco devolvieron el dinero, por lo que ahora se abre la opción de la inhabilitación y nuevas denuncias penales en su contra.
La persona que aparece como emisora de las facturas, asegura que no conoce a los exdiputados y que nunca realizó ninguna actividad ni servicio con ellos y que es muy posible que una parienta cercana, que trabajó como contadora de Héctor Mendizábal, se presume le robó su identidad y la registraron ante el SAT sin su consentimiento.