Se aplicó el gobierno de México y a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hizo una exhaustiva revisión y documentó las 87 piezas que saldrán a la venta, al mejor postor, en la subasta del 10 de noviembre: Pér Columbian Art & Taíno Masterworsk from the Fiore Arts Collection.
Con ese dictamen, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, envió una segunda carta solicitando que se cancele esa subasta en París.
A esa misiva, Frausto añadió el dictamen en materia de arqueología elaborado por el INAH a partir de la revisión de las imágenes de piezas presumiblemente prehispánicas, anunciadas en la subasta referida, con fecha del pasado 22 de octubre para demostrar el origen de cada una de las piezas.
En es ejercicio determinó que el monto total del avalúo asignado a estos bienes arqueológicos es de 37 millones 512 mil 995 pesos.
El documento que hizo público la SC, indica que dentro de esos lotes hay 15 piezas que son objetos de reciente manufactura “que no forman parte del patrimonio cultural de nuestro país y, por tanto, no son susceptibles de asignación de avalúo en el presente estudio.
“No omitimos señalar que, para corroborar o rectificar los enunciados del dictamen, deberá considerarse la inspección física de las piezas”.
Aclarado lo anterior, las 72 piezas restantes sí son “bienes prehispánicos que forman parte del patrimonio cultural de la Nación, definidos y protegidos como monumentos arqueológicos muebles de conformidad con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que señala:
“Artículo 27.-Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles”.
Con estos argumentos, Alejandra Frausto, envió una segunda carta con fecha del 8 de noviembre a la casa de subasta Christie’s de París, la primera la mandó el 26 de octubre.
Con el dictamen y el Artículo 28 de la citada Ley, se argumenta que “Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y fauna, relacionados con esas culturas. (Cap. III, De los Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos)”.
Con los fundamentos en el Artículo 49, se expone que “Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa”.
Asimismo, el INAH recurre al Artículo 53 para plantear que “Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de tres mil a cinco mil días multa”.
De igual forma al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.
“De acuerdo con la legislación mexicana, la venta de estas piezas constituye un delito, al fomentar y contribuir al tráfico ilícito y a la delincuencia transnacional organizada”.
Desde 1934 prevalece la prohibición a la exportación de este tipo de pieza provenientes del saqueo y excavaciones clandestinas.
“Asimismo, la reclamación de tales piezas se fundamenta en las disposiciones y las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales de 1970 de la UNESCO”, le explican a la casa subastadora.
Las obras en cuestión, aparecen en el catálogo digital de la subasta de la Casa Christie’s en Paris, Francia, disponible en este enlace.
De ahí que la secretaria de Cultura, apele a la razón ética de la casa de subastas: “reitero nuevamente el llamado a suspender la subasta prevista, así como a colaborar con las autoridades mexicanas para el esclarecimiento de la salida del país de estas piezas. Confío en que su buen juicio y compromiso con la protección del patrimonio cultural y combate al tráfico ilícito de bienes culturales prevalecerá sobre los intereses comerciales, contrarios a los valores que distinguen a esa casa de subastas”.
Con información de: Milenio