El Instituto de las Mujeres del Estado (Imes) de San Luis Potosí, como organismo del Estado, tiene la obligación de garantizar la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y en congruencia con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 8 de septiembre, está defendiendo la no criminalización de las mujeres que deciden abortar, informó la titular de la dependencia Marcela García Vázquez.
Agregó que de acuerdo con la Ley del Instituto se tiene la responsabilidad de generar las acciones necesarias para lograr que la atención en los servicios de salud sea brindada con perspectiva de género, por tanto, la atribución de formular, dar seguimiento y evaluar -en coordinación con las dependencias gubernamentales- las políticas públicas transversales y acciones afirmativas con perspectiva de género en materia de derechos humanos.
Asimismo, dijo García Vázquez que el Imes se está alineando a la política nacional de proigualdad, objetivo prioritario orientado a mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos.
Añadió que este objetivo establece en sus líneas estratégicas fortalecer el marco institucional de las instancias de bienestar y salud que brindan atención directa a la población a fin de garantizar que sus servicios sean accesibles, de calidad, con pertinencia cultural, respeto a la diversidad y a los derechos de las mujeres, y como una acción puntual promover la armonización del marco jurídico federal y estatal en materia de derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la interrupción legal del embrazo, y rechazó la imposición de señalamientos religiosos en la protección de los derechos civiles de las mujeres.
Por último, comentó que en San Luis Potosí están garantizados los derechos humanos de todas las mujeres sin distingo alguno, se respeta el derecho a decidir de cada una de ellas a tener los hijos e hijas que ellas decidan tener. La política pública con enfoque de derechos humanos y género busca reducir las desigualdades económicas y de interseccionalidad para las mujeres más vulnerables del Estado.